Título Fecha
281. Papeleras: Estos son unos atorrantes 01-12-2006
280. Papeleras: El único responsable es el gobierno 15-10-2006
279. Marchas vacías 31-08-2006
278. Eje del poder 26-05-2006
277. Por favor, más HUMANIDAD 15-08-2006
276. Rumba de gusanos y de ratas 10-08-2006
275. Los que no sirven 19-07-2006
274. ¡No pasarán! 29-03-2006
273. Más de 30 años de memoria argentina 21-03-2006
272. Tras la huida del gobernador Sergio Acevedo 17-03-2006
271. El juicio político es necesario 02-03-2006
270. ¿En que anda la Argentina? 27-02-2006
269. Sin más Kirchner va por el Consejo de la Magistratura 20-02-2006
268. El gobierno argentino que distrae 15-02-2006
267. La historia se repite otra vez en Santa Cruz 12-02-2006
266. Las mentiras y dignidades de la cuestión santacruceña 08-02-2006
265. Tasselli, un modelo y sus cómplices 01-02-2006
264. Abrazo de oso 26-01-2006
263. ¡Salud pueblo boliviano! 22-01-2006
262. La masacre de Avellaneda: Poder, justicia y memoria 08-01-2006
281. Papeleras: Estos son unos atorrantes 01-12-2006
280. Papeleras: El único responsable es el gobierno 15-10-2006
279. Marchas vacías 31-08-2006
278. Eje del poder 26-05-2006
277. Por favor, más HUMANIDAD 15-08-2006
276. Rumba de gusanos y de ratas 10-08-2006
275. Los que no sirven 19-07-2006
274. ¡No pasarán! 29-03-2006
273. Más de 30 años de memoria argentina 21-03-2006
272. Tras la huida del gobernador Sergio Acevedo 17-03-2006
271. El juicio político es necesario 02-03-2006
270. ¿En que anda la Argentina? 27-02-2006
269. Sin más Kirchner va por el Consejo de la Magistratura 20-02-2006
268. El gobierno argentino que distrae 15-02-2006
267. La historia se repite otra vez en Santa Cruz 12-02-2006
266. Las mentiras y dignidades de la cuestión santacruceña 08-02-2006
265. Tasselli, un modelo y sus cómplices 01-02-2006
264. Abrazo de oso 26-01-2006
263. ¡Salud pueblo boliviano! 22-01-2006
262. La masacre de Avellaneda: Poder, justicia y memoria 08-01-2006
Papeleras: Estos son unos atorrantes
1 de diciembre del 2006
Cuando en otra oportunidad, hace dos meses largos, me refería al tema suscitado por la instalación de las plantas de pasta de celulosa en la República Oriental del Uruguay dejaba planteada la cuestión de los conflictos con otros pueblos hermanos (Papeleras: El único responsable es el gobierno).
Ahora todo se presenta como un hecho concreto, triste y desmesurado.
La realidad nos pone en blanco sobre negro, aún a pesar de los celestes y blancos de nuestras banderas, la indolencia de los gobiernos argentino y uruguayo.
La terquedad de los presidentes Kirchner y Tabaré es una ilustración, una de las tantas, de que las insensibilidades que la política y las relaciones exteriores pueden producir hasta llegar al límite del enfrentamiento entre pueblos hermanos. Advertimos que el conflicto se sustenta en la expansión depredadora capitalista sobre el medio ambiente, a manos del Uruguay, por un lado. Y por el otro tenemos a un Estado argentino que pretendió hacerse el desentendido sobre su obligación constitucional de preservar el medio ambiente.
Argentina y Uruguay tienen centenares de parlamentarios que no han sido capaces de hacer lo más mínimo por contribuir al dialogo inteligente y productivo, para crear determinadas condiciones para hacer del entendimiento el camino propicio para una solución sustentable, lógica, equitativa, institucional y democrática del conflicto.
Los miembros de la Justicia de ambos países tampoco han querido comprometerse en la cuestión, que sin dudas tiene aristas jurídicas insoslayables, a partir de los Tratados Internacionales y del andamiaje legal de nuestros Estados, como asimismo de los acuerdos del Mercado Común del Sur.
O sea, la cuestión del medio ambiente equilibrado, el comprometer a las generaciones futuras y la preservación del ecosistema “ES UNA CUESTIÓN DE ESTADO”, y Estado son los tres poderes que afortunadamente, aunque se muestren sólo en apariencia, están vigentes en nuestras patrias.
Cualquiera podría preguntarse en qué quedaron aquellos días de acercamiento político y trato cordial, tanto como efusivo y oportunista, donde ambos presidentes, funcionarios y legisladores cruzaban el Río de la Plata para demostrarse “amistades progresistas” que hoy no pueden sostener ni en los sueños más trasnochados.
El pretender querernos convencer que los asambleístas entrerrianos pueden convertirse en “bonzos”, “hombres bombas” o “kamikazes” es tan estúpido de creer, como que los militares uruguayos tengan información de inteligencia que permitan advertir riesgos por posibles ataques a la fábrica de Botnia en Fray Bentos. La única justificación, mendaz por cierto, es una incoherente nota periodística aparecida el 24 de noviembre pasado en un diario del imperio como The Washington Post que comienza así: “Cuando una mujer de 88 años ofrece convertirse en bomba suicida para acabar con una fábrica, parece evidente que se ha permitido que una situación polémica se salga de control”.
Pretender achacar a los vecinos ribereños del Río Uruguay, como de los que apoyamos sus reclamos, de ser los culpables del actual estado de situación es ofender a la inteligencia del ser humano, cuando simplemente hacen aquello que los gobernantes no quisieron y no supieron hacer, para que se cumplan los acuerdos bilaterales firmados en el Tratado de Límites del Río Uruguay que tiene más de 45 años de vigencia.
Simplificar el tema a las decisiones que pueda tomar el Tribunal Internacional de Justicia, con sede en la Haya, con sus comprobadas ineficientes actuaciones a lo largo del tiempo, para dar cumplimiento al artículo 38 de su Estatuto para dar soluciones a las controversias de las convenciones internacionales, sean generales o particulares, que establecen reglas expresamente reconocidas por los Estados litigantes, es tan ridículo, como pretender que sea un organismo de crédito internacional, el Banco Mundial, el encargado de establecer un límite sobre cuestiones medioambientales, cuando no es resorte de su función. Además, ha demostrado que siempre ha estado detrás de las decisiones más perversas sobre el destino, implementación y cuestiones financieras de los países marginados del bienestar imperante en el norte rico y expoliador.
La displicencia con que el presidente uruguayo trató al enviado “facilitador” -Antonio Yánez Barnuevo- del rey de España, Juan Carlos de Borbón, es una muestra más de lo que éste gobierno está dispuesto a dialogar en torno del pingüe negocio, con negociado incluido, de la pastera finlandesa.
La cuestión no es de Dios, ni de los dolores, como tampoco de los golpes al corazón como pretende hacernos creer Kirchner. Porque si alguien manifiesta querer a los hermanos uruguayos tiene que actuar en consecuencia, y no justamente desde los palcos de la politiquería. Debe hacerlo desde la política activa que impone y obliga a una hermandad bien concebida y de la que los conciudadanos argentinos y uruguayos hemos dados sobradas muestras desde nuestros primeros días de la existencia como pueblos que pretendieron ser libres y más aún desde que nos convertimos en pueblos independientes de cualquier dominación extranjera.
Kirchner, un advenedizo del progresismo; y Tabaré, un olvidadizo socialista, tienen un mandato de sus conciudadanos, de sus pueblos. En la actualidad están colocados como los máximos responsables de la conducción de la vida institucional de nuestras naciones hermanadas por un “pasado” de luchas por nuestras independencias y en contra de los gobiernos dictatoriales y genocidas como de pertenencias por demás de importantes y sólidas, por un “presente” indeseable alimentado por cuestiones económicas que no tienen ningún miramiento por el desarrollo sustentable de nuestros países; y un “futuro” que jamás podría quedar manchado y dañado por posiciones políticas intolerantes de las que sea muy difícil regresar.
Considero impostergable, por una necesidad humana y social, que ambos presidentes hagan los esfuerzos necesarios para entablar un diálogo fructífero y sano; directo, sereno y urgente que el tema requiere y obliga.
En definitiva, Kirchner y Tabaré, serán unas simples referencias que quedarán anotadas en las páginas de la historia de la Argentina y del Uruguay por sus aciertos y sus errores, pero lo que importa para el futuro de las patrias del sur latinoamericano, las de José de San Martín y la de José Gervasio Artigas, es la convivencia y el poder estrechar los lazos de amistad y hermandad que siglos de historia les obligan a respetar y cumplir.
¿Quién puede asegurar que las cosas no pasarán a mayores?
¿Quién puede creer tantas mentiras?
¿Quién no advierte que unos cuantos dólares están infringiendo Tratados?
¿Quién puede estar tranquilo con la desidia de estos presidentes?
Bien decía Joan Manuel Serrat en la letra de “Las malas compañías”, mis amigos son unos atorrantes, mis amigos son unos sinvergüenzas y mis amigos son unos malhechores.
Cuando en otra oportunidad, hace dos meses largos, me refería al tema suscitado por la instalación de las plantas de pasta de celulosa en la República Oriental del Uruguay dejaba planteada la cuestión de los conflictos con otros pueblos hermanos (Papeleras: El único responsable es el gobierno).
Ahora todo se presenta como un hecho concreto, triste y desmesurado.
La realidad nos pone en blanco sobre negro, aún a pesar de los celestes y blancos de nuestras banderas, la indolencia de los gobiernos argentino y uruguayo.
La terquedad de los presidentes Kirchner y Tabaré es una ilustración, una de las tantas, de que las insensibilidades que la política y las relaciones exteriores pueden producir hasta llegar al límite del enfrentamiento entre pueblos hermanos. Advertimos que el conflicto se sustenta en la expansión depredadora capitalista sobre el medio ambiente, a manos del Uruguay, por un lado. Y por el otro tenemos a un Estado argentino que pretendió hacerse el desentendido sobre su obligación constitucional de preservar el medio ambiente.
Argentina y Uruguay tienen centenares de parlamentarios que no han sido capaces de hacer lo más mínimo por contribuir al dialogo inteligente y productivo, para crear determinadas condiciones para hacer del entendimiento el camino propicio para una solución sustentable, lógica, equitativa, institucional y democrática del conflicto.
Los miembros de la Justicia de ambos países tampoco han querido comprometerse en la cuestión, que sin dudas tiene aristas jurídicas insoslayables, a partir de los Tratados Internacionales y del andamiaje legal de nuestros Estados, como asimismo de los acuerdos del Mercado Común del Sur.
O sea, la cuestión del medio ambiente equilibrado, el comprometer a las generaciones futuras y la preservación del ecosistema “ES UNA CUESTIÓN DE ESTADO”, y Estado son los tres poderes que afortunadamente, aunque se muestren sólo en apariencia, están vigentes en nuestras patrias.
Cualquiera podría preguntarse en qué quedaron aquellos días de acercamiento político y trato cordial, tanto como efusivo y oportunista, donde ambos presidentes, funcionarios y legisladores cruzaban el Río de la Plata para demostrarse “amistades progresistas” que hoy no pueden sostener ni en los sueños más trasnochados.
El pretender querernos convencer que los asambleístas entrerrianos pueden convertirse en “bonzos”, “hombres bombas” o “kamikazes” es tan estúpido de creer, como que los militares uruguayos tengan información de inteligencia que permitan advertir riesgos por posibles ataques a la fábrica de Botnia en Fray Bentos. La única justificación, mendaz por cierto, es una incoherente nota periodística aparecida el 24 de noviembre pasado en un diario del imperio como The Washington Post que comienza así: “Cuando una mujer de 88 años ofrece convertirse en bomba suicida para acabar con una fábrica, parece evidente que se ha permitido que una situación polémica se salga de control”.
Pretender achacar a los vecinos ribereños del Río Uruguay, como de los que apoyamos sus reclamos, de ser los culpables del actual estado de situación es ofender a la inteligencia del ser humano, cuando simplemente hacen aquello que los gobernantes no quisieron y no supieron hacer, para que se cumplan los acuerdos bilaterales firmados en el Tratado de Límites del Río Uruguay que tiene más de 45 años de vigencia.
Simplificar el tema a las decisiones que pueda tomar el Tribunal Internacional de Justicia, con sede en la Haya, con sus comprobadas ineficientes actuaciones a lo largo del tiempo, para dar cumplimiento al artículo 38 de su Estatuto para dar soluciones a las controversias de las convenciones internacionales, sean generales o particulares, que establecen reglas expresamente reconocidas por los Estados litigantes, es tan ridículo, como pretender que sea un organismo de crédito internacional, el Banco Mundial, el encargado de establecer un límite sobre cuestiones medioambientales, cuando no es resorte de su función. Además, ha demostrado que siempre ha estado detrás de las decisiones más perversas sobre el destino, implementación y cuestiones financieras de los países marginados del bienestar imperante en el norte rico y expoliador.
La displicencia con que el presidente uruguayo trató al enviado “facilitador” -Antonio Yánez Barnuevo- del rey de España, Juan Carlos de Borbón, es una muestra más de lo que éste gobierno está dispuesto a dialogar en torno del pingüe negocio, con negociado incluido, de la pastera finlandesa.
La cuestión no es de Dios, ni de los dolores, como tampoco de los golpes al corazón como pretende hacernos creer Kirchner. Porque si alguien manifiesta querer a los hermanos uruguayos tiene que actuar en consecuencia, y no justamente desde los palcos de la politiquería. Debe hacerlo desde la política activa que impone y obliga a una hermandad bien concebida y de la que los conciudadanos argentinos y uruguayos hemos dados sobradas muestras desde nuestros primeros días de la existencia como pueblos que pretendieron ser libres y más aún desde que nos convertimos en pueblos independientes de cualquier dominación extranjera.
Kirchner, un advenedizo del progresismo; y Tabaré, un olvidadizo socialista, tienen un mandato de sus conciudadanos, de sus pueblos. En la actualidad están colocados como los máximos responsables de la conducción de la vida institucional de nuestras naciones hermanadas por un “pasado” de luchas por nuestras independencias y en contra de los gobiernos dictatoriales y genocidas como de pertenencias por demás de importantes y sólidas, por un “presente” indeseable alimentado por cuestiones económicas que no tienen ningún miramiento por el desarrollo sustentable de nuestros países; y un “futuro” que jamás podría quedar manchado y dañado por posiciones políticas intolerantes de las que sea muy difícil regresar.
Considero impostergable, por una necesidad humana y social, que ambos presidentes hagan los esfuerzos necesarios para entablar un diálogo fructífero y sano; directo, sereno y urgente que el tema requiere y obliga.
En definitiva, Kirchner y Tabaré, serán unas simples referencias que quedarán anotadas en las páginas de la historia de la Argentina y del Uruguay por sus aciertos y sus errores, pero lo que importa para el futuro de las patrias del sur latinoamericano, las de José de San Martín y la de José Gervasio Artigas, es la convivencia y el poder estrechar los lazos de amistad y hermandad que siglos de historia les obligan a respetar y cumplir.
¿Quién puede asegurar que las cosas no pasarán a mayores?
¿Quién puede creer tantas mentiras?
¿Quién no advierte que unos cuantos dólares están infringiendo Tratados?
¿Quién puede estar tranquilo con la desidia de estos presidentes?
Bien decía Joan Manuel Serrat en la letra de “Las malas compañías”, mis amigos son unos atorrantes, mis amigos son unos sinvergüenzas y mis amigos son unos malhechores.
Papeleras: El único responsable es el gobierno
15 de octubre del 2006
¿Qué responsabilidad por daños pueden tener los ciudadanos libres de Argentina?
¿Quién, y desde dónde, puede amenazar a un conjunto independiente de ciudadanos?
¿Cuáles son los verdaderos motivos para pretenden acallar a los asambleístas entrerrianos?
¿Dónde estuvieron los que tenían la obligación de proteger un ambiente sano?
¿A qué le tienen miedo las autoridades argentinas?
Es imposible agotar el sinnúmero de preguntas que uno puede realizar sobre el tema de la instalación de las plantas de pasta de celulosa en la República Oriental del Uruguay y del comportamiento del gobierno de la República Argentina.
Para la presidencia de Argentina, tan acostumbrada al monólogo coercitivo permanente, pereciera que miles de ciudadanos autoconvocados para defender el medio ambiente los coloca en una situación de ilicitud: “El gobierno nacional y el de la provincia de Entre Ríos expresan su desacuerdo con la decisión de la Asamblea de Gualeguaychú de promover el corte de las rutas que unen a nuestro país con la República Oriental del Uruguay. Tal decisión contradice, no sólo los intereses provinciales y nacionales, sino también la posición asumida por la República Argentina ante tribunales y organismos internacionales en defensa de la preservación de nuestros derechos. Siendo así, los daños que ocasione tal accionar a los intereses argentinos, correrán por cuenta de quienes así procedan".
Éste comunicado, que pretende hacer responsables a los vecinos de Gualeguaychú de los “intereses provinciales y nacionales”, es una manifestación temeraria al mejor estilo de quienes desde el poder ejercen la autoridad con autoritarismo, o al menos gozan al confundir autoritarismo con autoridad.
Debería saber, o al menos conocer, el presidente argentino que la reforma constitucional del año 1994 elevó a la categoría de derecho constitucional el gozar de un “medio ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo” (Art. 41 Constitución de la Nación Argentina). Por lo menos haciendo un poco de memoria pueda recordar que junto con su esposa, la actual senadora Cristina Fernández, fueron legisladores constituyentes por la Provincia de Santa Cruz. Ellos votaron a favor de la reforma, esa misma que le otorgaba a su aliado Carlos Menem la reelección.
Pero, aún para el caso que no lo supiera, no la conociera o no la recordase debemos como ciudadanos repudiar cualquier medio que se utilice desde el gobierno para intimidar al pueblo, en un tema que para los gualeguaychenses se ha convertido en una cuestión primordial para la defensa de los futuros intereses de sus pobladores.
Las amenazas, un estilo propio del totalitarismo, no pueden ser admitidas jamás. Un gobierno hecha mano a la presión cuando ha perdido toda posibilidad de llegar a través de su acción a desarrollar políticas de acción y de consenso para y con los ciudadanos. La incapacidad, abonada por el capricho, de no atender el tema a nivel de los gobiernos conducidos por Tabaré Vázquez y Néstor Kirchner para poder solucionar la cuestión no es una situación menor. Nadie puede concebir, a menos que pierda el sano juicio, que dos pueblos hermanos como el uruguayo y el argentino se encuentren enfrentados por decisiones de neto corte económico, en tanto que éste sea en definitiva un gran negocio empresarial para foráneos que pretenden instalarse en nuestra región para seguir degradando el ecosistema y el medio ambiente sustentable, contando como es debido y sabido con la colaboración de los organismos internacionales de crédito.
El actual gobernador de Entre Ríos desde el año 2003, no es un ignoto entrerriano más.
Jorge Busti ha sido 11 años gobernador provincial, 2 años senador nacional, 2 años diputado nacional, 8 años intendente municipal de Concordia, 2 años relator en el comisión de asuntos jurídicos de ese municipio y además secretario de Juzgado civil y Comercial; y si por si fuera poco convencional constituyente en la reforma constitucional de 1994. Además participó de la intervención federal de la provincia de Santiago del Estero durante la presidencia de Carlos Menem.
En consecuencia, no le hacía falta más que mirar para ver lo que se estaba instalando en la ciudad uruguaya de Fray Bentos, tampoco le hacía falta más que escuchar para conocer la opinión de sus comprovincianos. Y con un poco más de imaginación comprobar como el Uruguay estaba desarrollando el plan de monocultivo forestal desde el año 1987, unas 750.000 hectáreas de superficie plantada, con los consabidos rumores desde el año 2000 de la instalación de las fábricas de celulosa (Ence y Metsa-Bonia).
Claro está que muchas veces el árbol tapa al bosque, pero la clase dirigente argentina se ha comportado en todos estos años como un “tronco”, rígido y duro en su Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, aunque el culto en éste caso ha sido justamente el no hacer nada para defender los intereses de nuestra República. La misma a la que se han cansado de esquilmar económicamente desde sus abultados presupuestos con sus gastos de representación, viajes, comitivas exorbitantes y demás erogaciones protocolares. Pero claro, para muchos políticos y secuaces del poder de turno Uruguay comienza y termina en la balnearia y exclusiva ciudad de Punta del Este.
Para qué entonces tuvimos la decisión de conformar un Mercado Común del Sur (MERCOSUR) sí dentro de su ámbito no se generaron las vías necesarias para la atención de los problemas comunes, si hasta ex presidentes han llevado adelante nuestra representación en él, Eduardo Duhalde y Carlos Álvarez, que justamente también fueron congresales constituyentes en la reforma de nuestra constitución del año 94. Acaso sabrán los gobiernos de ambos países que el mismísimo Tratado de Asunción del año 1961 establecía como objetivo alcanzar el proceso del desarrollo económico con justicia social mediante el equilibrado y eficaz aprovechamiento de los recursos disponibles y la “preservación del medio ambiente”.
Supongamos que el MERCOSUR no contenía al conflicto, pero el gobierno argentino no podía desconocer el Estatuto del Río Uruguay firmado entre las dos naciones en el año 1975, hace 31 años: CAPITULO VII - Aprovechamiento de las Aguas; CAPITULO IX - Conservación, Utilización y Explotación de otros Recursos Naturales; y CAPITULO IX – Contaminación.
En definitiva lo que molesta al gobierno argentino no es un corte de ruta, o muchos de ellos, porque no podemos olvidar que hace cinco meses atrás los apoyó, convalidó y hasta llegó al extremo de prácticamente desfilar con todos sus máximos funcionarios y representantes legislativos del pueblo por el corsódromo de Gualeguaychú, a lo que sumó a muchos gobernadores e intendentes de todo el país -cooptados e independientes-. Lo que le molesta al poder es que sean ciudadanos, vecinos, ambientalistas y asambleístas los que tomen en sus manos temas que no supieron o no quisieron asumir ellos.
En el siglo XXI una de las formas de participación ciudadana es justamente la “asamblea”, donde no aparecen -al menos en lo visible- posiciones hegemónicas que lleven al resto a aceptarlas sin debate ni participación, como bien sucede a diario con la politiquería responsable de muchos de los males que padecemos.
Tanto Kirchner como Vázquez están dando un ejemplo de intolerancia en política exterior, pretenden dejar en manos de jueces internacionales, Tribunal de La Haya, cuestiones que solamente deben ser resueltas desde la mirada histórica, latinoamericana y de la realidad actual. De la que nos hace estar obligados a no renunciar nunca sobre nuestras pertenencias comunes, en las históricas luchas libertadoras por nuestras independencias, las vicisitudes que hemos pasado con las genocidas dictaduras cívico-militares, como del entrelazado que hijas e hijos del Uruguay tienen con las hijas e hijos de la Argentina.
Deberían saber los gobernantes que ni un árbol, ni un gramo de pasta de celulosa, ni una hoja de papel valen más que la concordia y hermandad de los pueblos del Río de la Plata, y desde ya del Río Uruguay. Sencillamente porque las Repúblicas de Argentina y la Oriental del Uruguay son naciones libres y deben autodeterminarse para logar el bienestar de sus pueblos, y no para permitir que los negocios sin control, piedra angular del evidente por nefasto sistema capitalista, de las multinacionales, de los inversionistas en tierras ajenas y la banca internacional hagan aquello que les venga en gana y conveniencia.
Estos terribles desencuentros que los gobiernos no quieren tomar a su cargo para resolverlos siempre los terminan pagando los ciudadanos, a los que quieren ahora hacer responsables. Los argentinos hemos sido llevados a guerras y conflictos con otros pueblos hermanos, como el paraguayo y el chileno, justamente por los gobiernos derechistas y autoritarios que en su oportunidad produjeron las más atroces consecuencias de vida y convivencia.
Definitivamente no puede haber un poder sobre nuestras tierras que supere el derecho de los pueblos de defender los intereses comunes, así lo establece nuestra máxima ley y lo reconoce el sentido común que tanta falta le hace a quienes, con un poder prestado, no pueden hacer absolutamente nada más que llevarnos a caminos sin retorno en la vida solidaria que nos merecemos los uruguayos y los argentinos.
Que triste imaginación la de aquellos gobernantes que en lugar de solucionar estas cuestiones están diseñando formas para infiltrarse y partir al movimiento asambleario de los pobladores de las costas del Río Uruguay, para lo cual ponen a ese servicio los fondos públicos, las envestiduras y los peores sesgos del autoritarismo demagógico que día a día les cuesta más disimular. Pero ahí están queriéndoles exigir a los vecinos que “busquen formas creativas de movilización”, una hipocresía más del gobierno argentino porque para crear está justamente Poder Ejecutivo, porque para movilizarse siempre estará el pueblo al que el poder sabe darle muy bien la espalda, salvo claro está que lo necesiten para llenar estadios o cargarlos en micros para “sus movilizaciones”.
Ojala que los asambleístas entrerrianos no aflojen, que sigan dando el ejemplo de lucha que tanta falta nos hace en infinidad de otras cuestiones, porque será justamente el futuro el que les dará la razón de la protesta mantenida.
Marchas vacías
31 de agosto del 2006
En Argentina no es una novedad que la situación de la seguridad y el estado de violencia desde hace muchos años pasa por una crisis, sin resolución desde lo institucional, que diariamente impone muertes y colocan a las personas en un estado de miedos zozobra que no les permiten disfrutar del conjunto de los derechos y libertades públicas que se merecen.
Para muchos miembros de nuestra sociedad se hace imprescindible aumentar la acción del Estado para terminar con el flagelo a través de una mayor actuación de las fuerzas del orden público, incrementando las sanciones penales, disminuyendo la edad de imputabilidad por los delitos cometidos y otras medidas orientadas en el sentido represivo. Además de algunos, muy pocos, matices en las acciones preventivas.
Para otros muchos la cuestión encontraría su solución cuando se acaben las causas, que llevan a que los delitos se extiendan por doquier, que determinan la inseguridad del ciudadano sin distinción de situaciones personales, sociales y económicas. Ahí tenemos el problema que genera el desempleo, la falta de viviendas o la precariedad de las existentes, las inocuas políticas sociales, la drogadicción y el alcoholismo más la prostitución organizada, la falta de perspectivas y de un futuro previsible para nuestros más jóvenes y de un futuro digno y humano para todos en general, entre otras dentro de la economía de mercado y del capitalismo reinante e impuesto a rajatabla sin miramientos.
Por un lado aparecen los damnificados y víctimas de la inseguridad, a los cuales se suman los sectores más reaccionarios de la vida social, política, económica y uniformada de nuestro país que tienen una responsabilidad muy importante en las causas del problema. Convirtiendo la cuestión en un asunto político, partidario y especulativo que no hace más que deteriorar, o beneficiar según como se mire, la comprensión y atención del tema.
Por otro lado están aquellos que con base en los oportunismos pretenden acallar cualquier demostración de preocupación y búsqueda de soluciones, sin permitir generar los debates y discusiones necesarias para atender las causas que sabemos son perfectamente corregidas de implementarse, claro está, aquellas políticas estatales que permitan desvanecer la exclusión social generada por la indigencia y la pobreza.
Nadie puede negar que en Argentina existen grupos, sectores y organizaciones delictivas perfectamente organizadas para llevar delante de diferente forma los delitos contra la persona humana. Estos tienen siempre la complicidad y actividad de personajes relacionados, componentes también, de las mismas instituciones que deberían actuar en la prevención y en contra del delito. Además padecemos como sociedad de un sistema correccional perverso y deficiente con un actuar de la justicia que por lo general impide el debido castigo y la conveniente investigación en las causas procesales, junto a la falta de vocación de subir la escalera de las responsabilidades habidas.
No existe sociedad en el mundo que no esté amenazada por los delitos que conllevan al quebrantamiento de la seguridad y la paz, o a la sensación de un estado de inseguridad colectiva. Pero ello no es justificación en lo más mínimo para pretender convertir al Estado en un represor público-institucional permitiendo los excesos y pérdidas de libertades y derechos, como tampoco del proceso judicial justo y debido.
Los Derechos Humanos de todos es una materia de altísima consideración y de permanente lucha de las mujeres y hombres comprometidos en la defensa de la vida y de los derechos individuales y colectivos del género humano. Entre esos derechos están los concernientes a las libertades de expresión y de información, como asimismo los de peticionar a las autoridades públicas, los cuales están particular, expresa y tácitamente establecidos tanto en la Constitución Nacional como en los Tratados Internacionales con igual jerarquía con ésta.
Que nadie se equivoque en el camino por buscar las imperiosas y necesarias soluciones, porque ello nos conducirá a que nada pueda ser corregido, nuestro sistema democrático con todas las falencias propias de su falta de participación y con las representaciones diseñadas e impuestas para la conveniencia de las políticas de turno debe hacerse cargo del problema en forma integral. Es necesario un debate abierto, sin mezquindades ni excluidos, donde se permita oír todas las voces; y donde desde cada postura ideológica se aporte todo aquello que sea necesario.
No será negando el problema de la violencia y de la inseguridad, y menos minimizándolas a meras estadísticas, como se resolverá la cuestión tratada.
Será posible solamente si desde las políticas de los distintos gobiernos se solucionan los problemas de las necesidades básicas y humanas insatisfechas, porque ahí es justamente donde veremos cumplidos todos nuestros anhelos de una sociedad justa, libre y fraternal que termine con las violencias y violaciones de cualquier tipo.
En el día de hoy los que marchen en uno u otro sentido por las calles y plazas no deberían desconocer estas cuestiones mínimas, para no caer así en estériles enfrentamientos que conducen inevitablemente a que en el mañana el problema siga sin resolverse.
La sociedad imperiosamente debe saber marchar y luchar por una vida mejor.
Eje del poder
25 de agosto del 2006
En Argentina cuando falta más de un año para las elecciones nacionales algunos políticos van poniendo en condiciones las maquinarias propias y las partidarias que, como sucede frecuentemente, tenderán a forjar nuevos intentos para hacerse del poder o mantenerlo a cualquier costo; y particularmente buscando el menor compromiso con el ciudadano. Ese compromiso que tanto les molesta y que su ausencia los libera.
Una vez más la cuestiones partidarias pasarán por la fuerza, ahora abonada por las reiteradas amenazas emitidas desde el “eje del poder”, que un grupo de supuestos iluminados pueda imponer sobre aquellos que necesitan de los pactos y acuerdos impunes para no perder los beneficios de todo tipo que supone gobernar y legislar.
Hasta el día de las elecciones la participación ciudadana estará como siempre nuevamente ausente, salvo para los actos y concentraciones que se irán haciendo para demostrar fortalezas, las que contarán con la disposición de medios, dineros y presiones de cualquier tipo provenientes de las rentas públicas. Esas tristes imágenes de humanos trasladados como ganado, o bien un chorizan reemplazando a la zanahoria nos recuerda la fábula.
La caterva dirigencial de los partidos y movimientos políticos irán buscando colocarse a uno u otro lado del “eje del poder”, desde donde mezquinamente articularán las formas de hacer todo aquello que deba ser hecho, por supuesto que en sus propios beneficios. Léase traicionar al ciudadano y relegarlo a la condición de “pone votos”.
Durante estos tres años de hegemonía kirchnerista tan adornada por interminables y penetrantes vociferaciones y con algunas decisiones acertadas en los hechos llevados adelante -aunque muy vacías de una definición ideológica clara y precisa- donde el autoritarismo y patoterismo se hizo carne desde el presidente hasta los eslabones más lejanos del poder real, muchos personajes han tenido que adoptar decisiones que se encuentran peleadas con un pasado y con las pertenencias logradas en el campo político, sindical, social, popular, periodístico, empresario, etc.
Solamente un hecho imprevisible, o la suma de ellos, pueden torcer el acompañamiento cívico que el kirchnerismo tendrá en los tiempos futuros -mediatos e inmediatos-. La fauna política preferirá, una vez más, convalidar cualquier tipo de políticas con sus abigarradas intenciones antes que oponerse desde una posición crítica y superadora, convalidando así un modelo democrático no participativo en donde la representatividad está ajustada a las mentiras y fraudes ideológicos que no lograrán quebrar la dirección del proyecto vigente. O sea, el mantenimiento del “eje del poder”.
Con una caja superabundante, con todas las manos necesarias en las cámaras del Congreso para convalidar las políticas presidenciales y con los representantes y ejecutivos en cada una de las provincias rendidos al “eje del poder” es muy poco lo que se puede esperar de la aparición de aires nuevos. Menos aún, la posibilidad de que se produzca una construcción de nuevos espacios de representación que pongan freno y límites a los abusos del poder y que puedan diseñar, o esbozar al menos, un esquema creíble para la proposición de cambios de rumbos para lograr saltar las barreras de las injusticias sociales, ampliar el campo del trabajo y las posibilidades del pueblo, lograr el mejoramiento de la educación y de la seguridad social, entre otros asuntos urgentes.
Claro está que nadie puede, a esta altura de los acontecimientos y del conocimiento de quién es Kirchner, pensar que bajo el pretexto de un progresismo disfrazado no serán muchos los que se opongan al poder dominante y decidan construir o reconstruir, como en muchos casos es necesario, espacios que disputen el poder, tanto desde la izquierda como desde la derecha.
La bonanza en la recaudación del Estado, el contexto regional favorable, los grandes negocios y negociados logrados con una política económica y cambiaria ajustada a las necesidades de las grandes concentraciones de capital; junto con políticas activas desarrolladas al amparo de superpoderes, con escaso o inexistente debate político parlamentario y preferentemente armadas desde la necesidad y la urgencia dentro de una emergencia económica y social endémica, donde los parches que se van poniendo a medida que los reclamos sociales se hacen insoportables son hechos de la realidad que nadie puede desconocer o soslayar. Salvo, seguramente, que sea un beneficiario más del modelo imperante.
La publicidad y la propaganda perfectamente impuestas, diseñadas, contratadas y generosamente pagadas por el “eje del poder” martilla incansablemente sobre la opinión pública: la forma, la moldea y la domestica a su real y reverendo antojo. Cuando cualquiera, y desde donde sea, alza la voz para emitir juicios o prédicas que no agradan al gobierno son tapados, impugnados y descalificados al mejor estilo que el autoritarismo impone sin sonrojarse, alentado por aplausos y risas de todo el funcionariato.
En este contexto reinante se hace prácticamente imposible generar otras opciones o al menos conseguir cambios y consensos en los caminos a seguir. Porque la respuesta es y seguirá siendo siempre la misma: “comparen con lo que sucedía antes”. Claro que ése antes tuvo como protagonistas, socios y acompañantes a los mismos que hoy reniegan de su pasado complaciente y que los encontraba ayer apoyando a los que hoy critican, no sin razón por supuesto. Ahora de vil manera se hacen los distraídos y los inocentes desde una posición tan mendaz como intolerable, cuándo no echan mano a supuestas, que conocemos falsas e indignas, defensas anteriores de los Derechos Humanos.
En fin, la cuestión del futuro es clara. No habrá ningún cambio posible y menos siquiera la perspectiva de su construcción en el corto plazo si como pueblo no nos decidimos a que así sea.
Quizás sea posible y esperable, tanto como deseable, que el futuro no sea tan previsible, que la Argentina pueda vivir momentos de mayor participación, y que entre todos podamos cambiar este “eje del poder” para que sea posible el “eje del pueblo” el que ponga a los representantes al servicios de un país digno, justo, libre y soberano.
Perder estas esperanzas en algún sentido sería perder nuestro derecho de ser ciudadanos libres.
En Argentina cuando falta más de un año para las elecciones nacionales algunos políticos van poniendo en condiciones las maquinarias propias y las partidarias que, como sucede frecuentemente, tenderán a forjar nuevos intentos para hacerse del poder o mantenerlo a cualquier costo; y particularmente buscando el menor compromiso con el ciudadano. Ese compromiso que tanto les molesta y que su ausencia los libera.
Una vez más la cuestiones partidarias pasarán por la fuerza, ahora abonada por las reiteradas amenazas emitidas desde el “eje del poder”, que un grupo de supuestos iluminados pueda imponer sobre aquellos que necesitan de los pactos y acuerdos impunes para no perder los beneficios de todo tipo que supone gobernar y legislar.
Hasta el día de las elecciones la participación ciudadana estará como siempre nuevamente ausente, salvo para los actos y concentraciones que se irán haciendo para demostrar fortalezas, las que contarán con la disposición de medios, dineros y presiones de cualquier tipo provenientes de las rentas públicas. Esas tristes imágenes de humanos trasladados como ganado, o bien un chorizan reemplazando a la zanahoria nos recuerda la fábula.
La caterva dirigencial de los partidos y movimientos políticos irán buscando colocarse a uno u otro lado del “eje del poder”, desde donde mezquinamente articularán las formas de hacer todo aquello que deba ser hecho, por supuesto que en sus propios beneficios. Léase traicionar al ciudadano y relegarlo a la condición de “pone votos”.
Durante estos tres años de hegemonía kirchnerista tan adornada por interminables y penetrantes vociferaciones y con algunas decisiones acertadas en los hechos llevados adelante -aunque muy vacías de una definición ideológica clara y precisa- donde el autoritarismo y patoterismo se hizo carne desde el presidente hasta los eslabones más lejanos del poder real, muchos personajes han tenido que adoptar decisiones que se encuentran peleadas con un pasado y con las pertenencias logradas en el campo político, sindical, social, popular, periodístico, empresario, etc.
Solamente un hecho imprevisible, o la suma de ellos, pueden torcer el acompañamiento cívico que el kirchnerismo tendrá en los tiempos futuros -mediatos e inmediatos-. La fauna política preferirá, una vez más, convalidar cualquier tipo de políticas con sus abigarradas intenciones antes que oponerse desde una posición crítica y superadora, convalidando así un modelo democrático no participativo en donde la representatividad está ajustada a las mentiras y fraudes ideológicos que no lograrán quebrar la dirección del proyecto vigente. O sea, el mantenimiento del “eje del poder”.
Con una caja superabundante, con todas las manos necesarias en las cámaras del Congreso para convalidar las políticas presidenciales y con los representantes y ejecutivos en cada una de las provincias rendidos al “eje del poder” es muy poco lo que se puede esperar de la aparición de aires nuevos. Menos aún, la posibilidad de que se produzca una construcción de nuevos espacios de representación que pongan freno y límites a los abusos del poder y que puedan diseñar, o esbozar al menos, un esquema creíble para la proposición de cambios de rumbos para lograr saltar las barreras de las injusticias sociales, ampliar el campo del trabajo y las posibilidades del pueblo, lograr el mejoramiento de la educación y de la seguridad social, entre otros asuntos urgentes.
Claro está que nadie puede, a esta altura de los acontecimientos y del conocimiento de quién es Kirchner, pensar que bajo el pretexto de un progresismo disfrazado no serán muchos los que se opongan al poder dominante y decidan construir o reconstruir, como en muchos casos es necesario, espacios que disputen el poder, tanto desde la izquierda como desde la derecha.
La bonanza en la recaudación del Estado, el contexto regional favorable, los grandes negocios y negociados logrados con una política económica y cambiaria ajustada a las necesidades de las grandes concentraciones de capital; junto con políticas activas desarrolladas al amparo de superpoderes, con escaso o inexistente debate político parlamentario y preferentemente armadas desde la necesidad y la urgencia dentro de una emergencia económica y social endémica, donde los parches que se van poniendo a medida que los reclamos sociales se hacen insoportables son hechos de la realidad que nadie puede desconocer o soslayar. Salvo, seguramente, que sea un beneficiario más del modelo imperante.
La publicidad y la propaganda perfectamente impuestas, diseñadas, contratadas y generosamente pagadas por el “eje del poder” martilla incansablemente sobre la opinión pública: la forma, la moldea y la domestica a su real y reverendo antojo. Cuando cualquiera, y desde donde sea, alza la voz para emitir juicios o prédicas que no agradan al gobierno son tapados, impugnados y descalificados al mejor estilo que el autoritarismo impone sin sonrojarse, alentado por aplausos y risas de todo el funcionariato.
En este contexto reinante se hace prácticamente imposible generar otras opciones o al menos conseguir cambios y consensos en los caminos a seguir. Porque la respuesta es y seguirá siendo siempre la misma: “comparen con lo que sucedía antes”. Claro que ése antes tuvo como protagonistas, socios y acompañantes a los mismos que hoy reniegan de su pasado complaciente y que los encontraba ayer apoyando a los que hoy critican, no sin razón por supuesto. Ahora de vil manera se hacen los distraídos y los inocentes desde una posición tan mendaz como intolerable, cuándo no echan mano a supuestas, que conocemos falsas e indignas, defensas anteriores de los Derechos Humanos.
En fin, la cuestión del futuro es clara. No habrá ningún cambio posible y menos siquiera la perspectiva de su construcción en el corto plazo si como pueblo no nos decidimos a que así sea.
Quizás sea posible y esperable, tanto como deseable, que el futuro no sea tan previsible, que la Argentina pueda vivir momentos de mayor participación, y que entre todos podamos cambiar este “eje del poder” para que sea posible el “eje del pueblo” el que ponga a los representantes al servicios de un país digno, justo, libre y soberano.
Perder estas esperanzas en algún sentido sería perder nuestro derecho de ser ciudadanos libres.
Por favor, más HUMANIDAD
15 de agosto del 2006
Durante más de un mes las mujeres y hombres de todo el mundo hemos sido espectadores de una nueva embestida del imperialismo sobre los territorios de Medio Oriente. En esta reiterada forma de dominación estratégica, económica-financiera y energética las víctimas del ejército israelí/norteamericano han sido cientos de miles de civiles libaneses e israelíes.
Casi toda una nación destruida, millones de desplazados, decenas de miles de heridos y muertos, pérdidas económicas de decenas de millones de dólares, infraestructuras desechas y tan necesarias para la vida normal de los pueblos, etc. ha sido la demostración más cruel de una nueva invasión orquestada por los países más poderosos del orbe.
Por un lado por aquellos que tiene una necesidad imperiosa de seguir sembrando odio en cada sitio donde caen sus misiles y bombas, donde sus artefactos aéreos de todo tipo e incalculable tecnología atraviesan los cielos de los pueblos del mundo, y donde sus buques convertidos en verdaderas fortalezas de la muerte flotan por los mares más extraños a sus propias aguas.
Por otro lado aquellos grandes países desarrollados del primer mundo, que teniendo la obligación de poner freno y límites al genocidio de pueblos enteros, se hacen los distraídos y únicamente actúan cuando el daño ya está realizado, luego de haber ajustado convenientemente sus posiciones financieras y económicas sin el menor atisbo de humanidad, desde esa mirada impúdica del capitalismo en cierne que supieron conseguir. Sin más, solamente hace falta comprobarlo con la tramposa y tardía acción de la ONU y sus manejadores e inescrupulosos de siempre, desde siempre y para siempre desde sus antecedentes en la Sociedad de Naciones.
No hace falta, seguramente en lo más mínimo, ser un erudito en las cuestiones del Medio Oriente y de los criterios religiosos de aquella parte del mundo musulmán y hebreo para comprender que la paz y la concordia en la región únicamente tendrá una solución cuando los pueblos puedan ser libres y dueños totales de sus territorios que por historia, pertenencia y luchas les corresponden.
La humanidad siempre ha dado soberanas muestras que allí donde se siembran injusticias, donde se crean insalvables diferencias entre ricos y pobres, entre dominadores y dominados, entre pertenecientes y despojados, entre invasores y ocupados, entre explotadores y explotados es donde aparecen las milicias de los pueblos, los revolucionarios dispuestos a enfrentar todo aquello que necesariamente es malo y perjudicial por tener la finalidad de terminar con las libertades el albedrío de los pueblos. Algunas son alimentadas desde las ideologías y otras por cuestiones religiosas hasta límites tan mesiánicos que necesariamente se van transmitiendo de generación en generación. Se convierten en eternas e invencibles, cada vez mejor equipadas para enfrentar a las otras fuerzas técnicamente mejor dotadas de los países imperialistas y capitalistas.
Las ciudades al norte y al sur de la línea imaginaria que divide a la República del Líbano de la de Israel han sido el blanco de las certeras y eficaces bombas y misiles que con artera precisión han caído en casas y edificios ocupados por civiles: niñas, niños, mujeres, hombres y ancianos que perdieron toda oportunidad de participar del futuro, o sea de la vida del mañana. Esa vida que de un lado y del otro dicen querer preservar.
No caben dudas que este tipo de conflictos nos produce a todos un estremecedor dolor, ver a los pueblos hundidos en el sufrimiento, víctimas de los desplazamientos y éxodos forzados, quebrantados los proyectos de vida y presos del hambre y desasosiego. Porque aquello es conclusión inevitable del uso de las armas de la muerte, las cuales son utilizadas sin el respeto humanitario que se exige en las terribles y temibles andanzas de las guerras.
Ya no debe haber en el mundo un lugar para establecer el “eje del mal”, tampoco para seguir desarrollando teorías sobre el “eje del terrorismo imperialista”, solamente deben existir conciencias por doquier para terminar con la destrucción del hombre y de los pueblos por los medios más sofisticados de la industria de la muerte bélica.
Los pueblos seguirán luchando, y bien que lo deben seguir haciendo, por la independencia y la libre determinación dentro de las fronteras establecidas caprichosamente para conseguir una vida digna y en paz, procurando el bienestar indispensable para las próximas generaciones. Ese insigne bienestar tan general como humano deseable y lograble, en ese otro mundo que sabemos que es posible.
Los pueblos deben consolidar sus gobiernos y sistemas políticos que decidan las mayorías de sus ciudadanos, y no aquellos que desde los viejos libros deshilachados y hediondos algunas poderosas naciones quieren imponer con la misma frialdad y el mismísimo cálculo arrogante que son incapaces de llevar adelante en la práctica en sus propios países.
Ya no más muertes evitables de civiles en cualquier sitio del plantea, porque una niña o un niño israelí, inglés o norteamericano vale tanto para la humanidad como una niña o un niño libanés, iraquí, palestino o afgano.
Los que no valen, aunque estén diseñando permanentemente el horror y la muerte, son aquellos asesinos que les toca el turno de estar en el poder de las potencias terroristas internacionales.
Por favor, más humanidad.
Rumba de gusanos y de ratas
10 de agosto del 2006
Desde la noche del 31 de julio próximo pasado los ciudadanos del mundo tomaron conocimiento de que el Compañero Comandante Fidel Castro Ruz había sido intervenido quirúrgicamente y, en consecuencia, obligado a alejarse de sus responsabilidades y cargos en la República de Cuba.
A partir de ese momento, lejos de cualquier mínima ética, moral y principios, por doquier aparecieron aquellos que comenzaron a velar por anticipado a Fidel, a la Revolución Cubana y a las conquistas logradas tras 47 años de perseverancia, bravura e hidalguía del pueblo caribeño.
Para muchos, sin lugar a dudas las mayorías de las mujeres y hombres del planeta, no era una de esas noticias buenas, sino de aquellas que nos llevan a la conturbación y preocupación. Porque dejar de reconocer lo que Fidel significa y significará en el desarrollo de los acontecimientos del siglo pasado, del actual y de los futuros no es una cuestión menor. Menos aún, poder desconocer y menospreciar la impronta que la vida de lucha y principios dispuestos en aquellas islas del caribe que solidariamente se han propagado por todo el centro y sur del continente americano, y llegado a los sitios más alejados del orbe.
Sin embargo, los mismos de siempre y los que ahora se acuerdan de algunos de los principios democráticos, esos que jamás han defendido, se han convertido en analistas de la realidad social y política de Cuba. Claro que desde el palmario desconocimiento de lo que es Cuba, de lo que son las cubanos y cubanos hermanos. De lo que son mis entrañables y queridos amigas y amigos, compañeros todos.
Aquellos que desde hace casi cincuenta años han perdido toda posibilidad de usufructuar de esas bellísimas tierras cubanas, de sus riquezas y condiciones especiales que tiene la perla del caribe han salido a festejar, principalmente desde las mismas entrañas del Imperio terrorista, y desde cualquier lugar se han convertido en adalides de las libertades y las democracias que no han sabido defender en sus propios terruños.
Nosotros, los revolucionarios socialistas, sabemos muy bien lo que piensa el pueblo cubano, lo que quiere ese pueblo luchador y comprometido con la más ejemplificadora de las enseñanzas de ese mundo que consideramos posible y realizable.
Claro, es muy difícil de abstraerse de las mentiras -presentadas como verdades supuestamente irrefutables- que nos quieren vender las ratas y los gusanos sobre esa revolución que será siempre un ejemplo de vida, de solidaridad y de humanidad para los hombres libres del mundo.
Conozco muy bien al hermano pueblo cubano, conozco cada región y muchísimas de sus historias para renegar de todas las mentiras que hoy brotan con verbosidad incontenible y mediatización dispuesta a sus efectos.
Será, una vez más, ese pueblo de amigos y de compañeros los que se pondrán al frente de las circunstancias y esperando que el Compañero Comandante se reponga para seguir adelante en la “Batalla de las Ideas”, esa lucha de todos los días que los hombres libres del mundo consideramos indispensables para conseguir la liberación y que ya es tema de análisis y debate a nivel internacional.
Que nadie se confunda, que nadie mienta y que nadie niegue, aunque sea por un solo segundo, de que es el pueblo cubano el artífice de la más gloriosa y honorable de las revoluciones que tiene la historia de la humanidad. Esa por la que nos sentimos parte por el sencillo y simple motivo de ser revolucionarios socialistas. Por es sencillo sentimiento de humanidad que nos abraza a muchos.
Que los gusanos y las ratas festejen aquello que les será negado por una condición de vida, de principios y de solidaridad. O sea, por la inclaudicable condición de los cubanos y de los que somos sus hermanos que hemos acompañado en este medio siglo al pueblo de cubanas y cubanos.
Los que no sirven
19 de julio del 2006
En Argentina para la dupla presidencial (Kirchner/Fernández de) las leyes y el control parlamentario no sirven. Los periodistas no genuflexos no sirven. Los opositores políticos no sirven.
En consecuencia, a menos de que todos pasemos a formar parte de “los K” no serviremos. Esto realmente es una conclusión inmediata y primaria, aunque necesaria.
Lo relevante en la cuestión de “los que no sirven” está sencilla y desgraciadamente en la definición de quienes serían “los que sirven”, en un país muy próximo a cumplir dos siglos de la gesta de mayo de 1810.
El ánimo opositor, la lucha por la libertad, la actuación del periodismo y el establecimiento de normativas nacionales fueron algunas de las bases que sentaron los principios del futuro independentista, a más claro está, de las necesarias luchas contra invasores y colonialistas de entonces. Poco más de un lustro después se declaraba la independencia de todo dominio, y aquella revolución fue imprescindible como antecedente contra la opresión. Eso hoy parece ciencia ficción para muchos.
Los argentinos conocemos, por experiencias desgraciadas, lo que significa conculcar las libertades y los derechos cuando ejercieron el poder los matrimonios, las ternas genocidas militares y los unicatos uniformados como para estar alertas en el presente y futuro. También recordamos a quienes con mentiras y cómplices de entonces regalaron el patrimonio nacional y quienes entregaron centenarios principios políticos al neoliberalismo.
El travestismo de amplios, amplísimos, sectores de la vida política, gremial, social y cultural para subirse a la “nueva ola progresista” no es una novedad por estos pagos.
Ayer sucedieron y duraron muy poco tiempo después de haber alcanzado las prebendas, privilegios, prerrogativas y beneficios buscados.
Hoy muchos impensados personajes se desviven por las gratitudes de la dupla presidencial y van entregando los compromisos, luchas y reconocimientos públicos y populares por estar en los escenarios, palcos y bancas que “generosamente” permite y entrega el poder.
Mañana, cuando los personeros de los derechos humanos abandonen el protagonismo de la actividad política ejecutiva y legislativa, quedará para muchos los vestigios de “el haber pertenecido” y las ansias por volver a pertenecer a cualquier “pagador” de turno, sea quien sea, provenga de donde provenga y vaya a donde vaya.
Ahí, sin embargo, están y estarán los 129 artículos de una magna ley que se refiere a la forma de estar constituidos como Nación y desde donde se establecen los principios de la argentinidad, junto a las más altas garantías y derechos de todos los habitantes. Sí, aún de los que no pertenecemos al grupúsculo de oráculos, bufones, contratados, pagados y vendidos al poder por unos cuantos cientos, miles, o millones de pesos dispuestos arbitrariamente por el responsable político de la administración general del país y administrados sin control por el ministro jefe de gabinete.
Pero resulta sorprendente, y por que no sospechoso, que no se puedan lograr los consensos necesarios -para permitir poner un freno a las arbitrariedades, terminar con los miedos que produce el no estar arrimados al poder y exigir que no se haga aquello que sabemos que será nefasto y dañino- desde la oposición política y de los que somos independientes de cualquier pertenencia partidista. No ideológica por supuesto.
¿Serán las “necesidades y urgencias” las que establecen “superpoderes” para acallarnos?
¿Serán los miedos insinuados desde el poder lo que inmoviliza al periodismo crítico?
¿Serán las contraprestaciones de todo tipo y cuantía recibidas por los legisladores, gobernadores e intendentes las que hacen bajar los principios otrora defendidos?
¿Serán todos ellos los que no sirven y no justamente nosotros?
¡No pasarán!
29 de marzo del 2006
Después de la movilización popular del pasado 24 de marzo convocada por el “Encuentro 30 años, Memoria, Verdad y Justicia” de la que participaron más de 100.000 personas, ha quedado un sabor amargo con las desuniones, los insultos y las declaraciones públicas y mediáticas algunas organizaciones de Derechos Humanos y partidos políticos. Una cuestión no menor, sin dudas, pero que necesariamente deberá ser conciliado entre quienes desde siempre han tomado a su cargo la iniciativa de las convocatorias, las que históricamente han sido abonadas con una trayectoria inclaudicable en la lucha por la verdad y la justicia.
Sin embargo, el actual gobierno -“neoderechohumanista” por cierto- lejos de mantenerse al margen ha tomado posiciones antes, durante y después del masivo acto. Antes pretendiendo convertir a la movilización en un acto de gobierno, durante enviando a sus sectores cooptados a romper con la armonía que siempre ha caracterizado a este tipo de movilizaciones y después haciendo declaraciones, análisis y señalando con el dedo tan temerario como acusador y condenador.
El jefe de gabinete, Alberto Fernández, se arroga el derecho de hablar del “respeto por los muertos y desaparecidos” como también manifestar “deberían sentir vergüenza de decir lo que dijeron” con referencia al documento consensuado por más de 300 organizaciones, a lo que sumó la crítica al considerar todo como “un espantoso uso del dolor colectivo”.
El ministro del Interior, Aníbal Fernández, fue un poco más allá al manifestar que “la izquierda siniestra pretendió agarrar de tontos a quienes han padecido este dolor durante 30 años” y que abundó diciendo “mostraron lo que son”. Digno de una apreciación maccartista.
Estos dos funcionarios que tienen tras de sí una trayectoria política indudablemente muy alejada, por comportamiento y pertenencias, al tema de los derechos humanos no tienen autoridad alguna para hacer cuestionamientos de éste tipo, y menos aún cuando han sido ellos mismos los promotores de los problemas suscitados. Ellos forman parte de un gobierno donde la gran mayoría de sus representantes, con el presidente Néstor Kirchner a la cabeza, se han enterado, preocupado y han encontrado en este tema tan caro para nuestra memoria y nuestras luchas, una veta de indudable posicionamiento político que cualquiera puede comprobar y asegurar que no está sostenida por ninguna acción anterior. Ninguna, absolutamente ninguna.
Eso no es una cuestión menor porque la historia argentina está plagada de acciones y actos de los gobiernos que lejos de pretender hacer aquello de lo que están convencidos realizan puestas en escena tendientes a mimetizarse con el sentimiento popular. En este caso, un sentimiento que jamás pidió permiso a poder alguno y menos toleró las tentaciones hechas por él para coaptar voluntades y tampoco que le establezcan los discursos y los contenidos de las declaraciones consensuadas.
Cualquiera que haya participado de las movilizaciones populares relacionadas con la lucha por los Derechos Humanos sabe perfectamente bien que las consignas siempre han superado el tema por el cual se realizó la convocatoria. Sencillamente porque así debe ser y porque los Derechos Humanos no están relacionados solamente con la condena a la genocida dictadura y al terrorismo de Estado, a sus personeros y a sus móviles políticos, económicos, culturales y sociales. Los Derechos Humanos, que tienen su razón de ser en la defensa de la dignidad y la integridad de la persona humana, están y deben estar presentes cuando los gobiernos democráticos con sus acciones u omisiones violentan y transgreden estos elementales principios con muertes, persecuciones, procesamientos y judicialización de la protesta social; como así también los más elementales y obligatorios criterios de solidaridad con quienes en cualquier lugar del mundo ven vilipendiados sus derechos. También corresponde acompañar a los pueblos que luchan por su independencia, dignidad y autodeterminación contra el imperialismo y el terrorismo de cualquier calaña.
Sabemos muy bien que los gobiernos pasan, que sus representantes ejecutivos y legislativos terminan siempre haciendo aquello que satisface a sus intereses personales y de las facciones políticas de las que se sirvieron, se sirven y se servirán y que dejan tras de sí todo sin resolver -en el mejor de los casos- y agudizando los padecimientos de las mayorías como una constante política.
En consecuencia, debemos estar alertas de esta nueva forma de accionar del poder de turno. Sabemos que pueden existir personas y organizaciones que puedan sacar algún partido u obtener algunas prebendas que necesariamente terminarán por socavar los principios y los históricos años de sostenida lucha con dignidad.
En las cuestiones de los Derechos Humanos no necesitamos que ningún grupúsculo de advenedizos nos marque el camino y mucho menos que nos pretendan establecer las miradas, formas, modos y comportamientos a seguir.
Quienes ayer, hoy y mañana defendimos, defendemos y defenderemos la vida; que nos opusimos a cualquier artilugio político-legal para perdonar a los genocidas y sus cómplices no necesitamos más que reconocernos en las calles, en las plazas y en los actos públicos y cotidianos. Vemos que con determinación y fuerza como se incorporan los jóvenes para compartir desde la memoria y la historia las luchas con ese fervor tan puro como inusitado. Sabemos por el convencimiento de la lucha militante que será una quimera cualquier acción por dividirnos y pretender crear discordias entre nosotros.
Sencillamente deben saber ellos que ¡No pasarán!
Más de 30 años de memoria argentina
21 de marzo del 2006
En el año 1976, a 165 años de la muerte del revolucionario Mariano Moreno, el primer asesinato político producido en lo que después sería la República Argentina, se producía un golpe de Estado que durante más de siete años impuso silencio, persecución, exilio, cárcel, torturas, desapariciones forzadas de personas y decenas de miles de muertos.
Aquel 24 de marzo el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional terminó con el gobierno democrático peronista que había instalado en su seno a los personajes y sectores más reaccionarios de la derecha, y que ya había comenzado con las prácticas fascistas de persecución y muerte con los grupos parapoliciales y la paraestatal funesta Triple A. Los generales, almirantes y brigadieres genocidas tuvieron a su cargo el diseño del terrorismo de Estado mientras los sectores concentrados del poder industrial, agropecuario y financiero participaban y diseñaban el camino la destrucción de la industria nacional, de la entrega al capital extranjero y la instauración de la especulación financiera.
Vastos sectores de la sociedad nacional acompañaron, de una u otra forma, el período más triste y oscuro de la historia argentina; para muchos connacionales la desaparición de niños, jóvenes, y adultos; estudiantes, trabajadores, militantes políticos, científicos, artistas, periodistas, religiosos e intelectuales encontraba la cómplice respuesta en el “Por algo será”. Vaya si por algo sería. Porque gran parte de la juventud argentina, ese generación que hoy hace falta, se oponía al modelo económico, cultural y social impuesto, el que dejaba tras de sí a muchos años de trabajo argentino, de su educación, de su cultura y de encuentros entre ciudadanos.
El contexto latinoamericano por aquellos tiempos no era muy diferente al nacional y los diferentes gobiernos militares contaban con la colaboración, ayuda económica e instrucción militar para la muerte y el miedo de parte de los EE.UU. haciendo que el continente se convirtiera en una terrible cárcel dirigida desde el instaurado Plan Cóndor. No importaba la nacionalidad de los muertos y desaparecidos porque solamente tenía como consigna terminar con aquellos “imberbes”, “díscolos”, “delincuentes subversivos”, cuando en realidad se trataba de revolucionarios dispuestos a impedir con su vida ese nefasto plan continental, que era la impronta de la Doctrina de Seguridad Nacional. Ese mismo modelo que durante los años siguientes fue llevado a los extremos inmorales por todos conocidos, que hundieron en la pobreza y la exclusión social a las mayorías de los 400 millones de hermanos latinoamericanos.
La democracia instaurada en el año 1983, reconociendo algunos de los avances producidos en materia de los Derechos Humanos, no supo -y tampoco quiso- revertir las prácticas económicas y sociales que aún perduran en Argentina. Los avances y retrocesos producidos en el proceso democrático en estos últimos 23 años así lo confirman, y así lo padece el pueblo argentino.
La dependencia del exterior verificada a través de los organismos internacionales de crédito, la destrucción de las empresas nacionales por las concesiones y privatizaciones llevadas adelante durante el menemismo y los gobiernos que le sucedieron, las políticas económicas de entrega y sumisión al capital económico y financiero concentrado en pocos grupos empresarios, junto con el abandono total de las políticas educacionales y de salud hicieron posible llegar al actual estado de pobreza e indigencia, como asimismo a la pérdida de millones de fuentes de trabajo digno.
Esa criminal y aciaga dictadura del terror, más allá de todo lo mencionado, tuvo por finalidad terminar con un estado de movilización y acción política-social que se venía gestando desde la década del 60. Muchos políticos fueron cómplices y acompañaron a las diferentes Juntas Militares socavando el accionar de los militantes que por diferentes razones se fueron alejando de la participación política. Las consecuencias están a la vista por quienes representaron luego a los partidos políticos, personajes vacíos de principios, desconocedores de dogmas, carentes de ideologías, faltos de luchas, adoradores del bienestar económico y del que brinda el poder, de la corrupción, etc., etc., etc.
Fundamentalmente por el agotamiento de los militares en el ejercicio del poder usurpado y la absurda -desde el punto de vista militar y político- guerra contra Inglaterra, EE.UU. y la OTAN en las Islas Malvinas Argentinas, se llegó a una nueva etapa democrática que solo adquirió el carácter representativo de hecho y de derecho. Así se posibilitó que las cúpulas políticas sobrevivientes se hicieran cargo del centro de la acción partidaria, y en consecuencia de la política nacional con los resultados nefastos en lo humano, social, laboral, cultural, educacional y salud pública que se mantienen hasta nuestros días.
Las marchas y contramarchas en materia de los Derechos Humanos, los acuerdos y pactos con los militares y con los sectores reaccionarios, la connivencia con la derecha vernácula por parte de los partidos mayoritarios, el mantenimiento de las políticas económicas que fueron el sostenimiento del andamiaje y las prácticas de la entrega del patrimonio nacional y la especulación financiera, entre otras cosas más, no han sabido dar tributo en lo más mínimo a nuestros desaparecidos, muertos y torturados que lucharon por otra Argentina muy diferente. Esas luchas que debemos recuperar para que nuestros sueños de liberación nacional y continental se hagan realidad.
Por ello que en estos 30 años desde el golpe militar del terror y la muerte el diseño de la dependencia, la injusticia en la distribución del ingreso, la renta y las riquezas, el hambre y la indigencia, el desempleo, el descalabro del sistema educativo, el abandono de la cultura nacional y popular y las políticas de seguridad social han confirmado todo aquello comenzado por el peronismo de derecha que traicionó el voto popular del año 1973 y que diera pie al “Proceso”, Una cuestión que hay que volverla a remarcar. No estuvo ausente la complicidad de los líderes sindicales que se mantuvieron en sus sitiales aún después de 1983, cuando poco tiempo atrás habían entregado a cuanta comisión gremial interna pudieron, y con ello la vida de miles de delegados de base, con la consabida ayuda y agradecimiento de la oligarquía nacional interesada y de las empresas multinacionales que veían peligrar sus negocios y negociados.
Las banderas y las luchas de nuestros desaparecidos y vilipendiados hoy siguen vigentes y no permitiremos que sean bajadas, aún a pesar de esta democracia representativa y mentirosa que pretende día a día tapar todas y cada una de nuestras miserias impuestas hasta el hartazgo. Porque tapar es simplemente mantener los criterios de dependencia y sumisión más allá de los discursos de ocasión tan mendaces como impúdicos, y que sólo persiguen seguir ganando tiempo.
No debemos dejarnos llevar y dejarnos cautivar por quienes hoy nos quieren hacer creer que fueron luchadores y que se jugaron en todo y por todos en cualquier momento. Porque sabemos que sus historias, comportamientos y oportunismos políticos en nada hacen honor a quienes hoy no están junto a nosotros en vida. Nosotros no necesitamos de monumentos, museos, feriados ni de discursos baratos y mediáticos para encontrarnos unidos en la lucha y los ideales con aquellos que respetamos, extrañamos, necesitamos y que nunca olvidaremos.
Tener memoria sirve para no olvidar cada una de las entregas perpetradas durante los últimos 30 años. Para no olvidarnos de las leyes de obediencia debida y punto final ni de los indultos a los genocidas. Es indispensable esa memoria para los que luchamos y militamos por otra Nación, Indoamericana sin dudas, más justa, equitativa, igualitaria y solidaria que los argentinos tenemos la obligación de construir todos los días.
Tener memoria es imprescindible para no seguir sometidos a las mentiras y falacias del aquel peronismo, de la asesina y salvaje dictadura y la mezquina democracia representativa sobreviniente y actual. Ésta que cierra política y socialmente cualquier camino de la ciudadanía hacia un esquema participativo en el poder y las decisiones nacionales y provinciales.
Tener memoria es insistir sobre nuestro derecho de participación, el que no por casualidad se conculcó al aplicar los delitos de lesa humanidad contra decenas de miles, con la muerte, la desaparición, el miedo impuesto, los arreglos de las cúpulas políticas partidarias para hacer posible que hoy estén los que están. No es menor la cuestión y no necesita más análisis que recorrer las nóminas de funcionarios y legisladores, las de ayer y las de hoy, a lo largo y ancho de nuestro país.
Tener memoria es necesario para estar atentos de lo que está sucediendo y puede suceder si se mantienen los procesos populares en Latinoamérica, que hoy están intentando romper con años de la lógica imperial capitalista sostenida por las “democracias representativas” y de cuyo devenir muchos estamos esperanzados en que generará una estructuración en Indoamérica donde los pueblos ocuparán el centro de la acción y definición de un nuevo orden de cosas.
Tener memoria es justamente decir ¡Nunca Más!
Tener memoria es exigir sobre los que nos han robado nuestras vidas más queridas y nuestros sueños más profundos su ¡Juicio y Castigo!
Tener memoria es seguir sosteniendo ¡Compañeros Presentes, ahora y siempre!
Tras la huida del gobernador Sergio Acevedo
17 de marzo del 2006
El pueblo de la Provincia sólo gobierna por medio de sus representantes y autoridades, en la forma establecida por esta Constitución, pero conserva los derechos de reunión pacífica y de petición individual o colectiva.
Art. 7 de la Constitución de la provincia de Santa Cruz
La renuncia del gobernador de la provincia de Santa Cruz, Sergio Edgardo Acevedo, confirma que la democracia representativa en la República Argentina está herida de muerte.
Ese hecho inédito que no está motivado en ir a ocupar otro cargo o función, me obliga a preguntarme por ejemplo: ¿Qué importancia y significado adquiere la decisión popular cuando somos obligados a votar a nuestros representantes? ¿Qué intereses políticos, económicos y corruptivos están colocados por sobre un gobierno provincial constitucionalmente elegido? ¿Qué trampas puede hacer y colocar un gobierno nacional a las instituciones provinciales?
Más allá de las disidencias que uno pueda tener con el ex gobernador a partir de su pertenencia política y las formas de conducir los destinos de Santa Cruz, su inconcluso mandato había adquirido una nueva manera de gobernar el feudo que el presidente Néstor Carlos Kirchner construyó durante doce años de mandato gubernamental ininterrumpido merced a dos reformas constitucionales. Esos aires nuevos, en la ventosa provincia patagónica, nos permitían pensar -y porqué no soñar- que otra forma en el manejo de la cosa pública era posible por aquellos lares.
Las relaciones políticas entre el renunciante y/o renunciado gobernador Acevedo y el actual presidente Kirchner durante muchos años no fueron pocas, a saber: dos veces legislador provincial y presidente de la Cámara de Diputados provincial y por lo tanto vicegobernador de Kirchner, dos veces convencional constituyente provincial, dos veces diputado nacional y dos veces intendente del municipio de Pico Truncado, además de haber sido designado a cargo de la Secretaría de Inteligencia de Estado al inicio de la gestión kirchnerista hasta su postulación a gobernador de la austral provincia, y a la que accedió tras un rotundo e incuestionable triunfo electoral.
Con este manantial de relaciones políticas, institucionales y representativas -más allá de provenir de una agrupación interna del peronismo que conformó alianzas con el kirchnerismo desde el año 1991- nadie en su sano juicio y en su buen saber y entender puede sostener y suponer que Acevedo desconocía la forma autoritaria con que el “mandamás provincial” manejaba y maneja la política partidaria y las cuestiones atinentes a los poderes del Estado en aquella región de la patagonia. Muchos ciudadanos, sin duda alguna, ya lo están comprobando a nivel nacional, aunque sea harina de otro costal, pero permite inferir con bastante acierto y aproximación -aún ser conocer sobre la realidad santacruceña- como se desenvuelven los temas políticos e institucionales en Santa Cruz.
Ahora bien, sucede que un cuadro político con probada experiencia ejecutiva y legislativa como Acevedo que siempre ha contado con el respeto político de propios y extraños, una cuestión no menor dentro de la miserable política argentina, debe retirarse y hacerse a un costado para dejar en su lugar a un personaje advenedizo en la política, incapaz, prepotente y sin experiencia ejecutiva, más allá del manejo compartido de los negocios inmobiliarios en Río Gallegos -incluidos los de la familia feudal- como es Carlos Alberto Sancho. Éste en su paso como concejal riogalleguense dio sobradas muestras de ineptitud, incapacidad legislativa y ser titular de un servilismo verticalista kirchnerista que permitieron un manejo comunal comprobadamente corrupto, y que como diputado provincial dio un vergonzoso ejemplo trabajo y de acción legislativa.
La salida de Acevedo, de cuyos supuestos motivos dan cuenta las versiones de fuentes opositoras y las anónimas del poder, tanto como las periodísticas, con seguramente un grado satisfactorio de aciertos y verdades, es la palmaria confirmación del hegemonismo que impone Kirchner y del modo perverso de actuar de cada uno de sus “vasallos” tanto dentro de la provincia como desde el gobierno nacional. Seguramente que determinadas acciones llevadas adelante con independencia política por parte de Acevedo producían en el temeroso e inseguro presidente Kirchner el fantasma de su posible mantenimiento en el poder ejecutivo provincial más allá del año 2007, ergo el proyecto de la feudalidad entraría en crisis y podría mutarse hacia rumbos no deseados y menos permitidos por el “señor”.
Desde ahí pueden comprenderse muchas cuestiones que en los últimos tiempos han sucedido en Santa Cruz como han sido los excesos policiales, las digitadas y entregadas a medidas obras públicas en su territorio, la imposición de políticas sociales, el manejo, ocultación y repatriación de los fondos provinciales evadidos sospechosamente al exterior, las constantes presiones, las indiferencias y faltas de consideración a su investidura; y muchas otras acciones y cuestiones políticas verificadas en los últimos dos años y tres meses pasados desde que asumió la gobernación. Obviamente sin hacer referencia a las arbitrariedades perpetradas y llevadas a cabo desde el año 1991 por el “Amo del feudo”.
Para quienes conocemos la realidad santacruceña ninguna de las mentiras, manifestaciones contrarias a lo que se cree, se piensa y se sabe, que se propagan y se manejan desde hace mucho tiempo puede sorprendernos, pero sí el hecho de haber llegado a un estado de situación tal que un gobernador deba renunciar por el acorralamiento presidencial y por el accionar de sus secuaces en ejercicio de cargos ejecutivos.
La vergüenza que han protagonizado los diputados provinciales del peronismo al considerar la renuncia de Acevedo y no haber exigido explicaciones sobre los motivos, que uno sabe muy bien que en absoluto han sido por “razones estrictamente personales”, dan una cabal y perfecta muestra de la falta de respeto hacia la voluntad popular por parte de los “levantamanos” en esa muy bien definida “Cueva de las Manos” en la que han convertido a la legislatura provincial.
Tanto Acevedo al no informar a la ciudadanía los motivos verdaderos por los cuales huyó del cargo con el que fuera honrado por el pueblo, como de los legisladores que actuando como “siervos” se apresuraron a reemplazarlo sin ir hasta el fondo de la cuestión y que han permitido violentar una decisión soberana del pueblo, aunque las formalidades se hayan cumplido y respetado.
Aunque algunos piensen que con, y por, la huida del gobernador Acevedo se produce un triunfo del kirchnerismo más puro o de “paladar negro”, ésta no debería ser la cuestión más importante a considerar aunque es significativamente importante y preocupante. El único perdedor es el pueblo santacruceño que a partir de estos momentos retomará, al extremo sin dudas, las prácticas del autoritarismo, la nefasta hegemonía, el impuesto silencio, el miedo de hablar, manifestarse y a disentir, junto con la falta de debate que ya se ha experimentado en un pasado no lejano y que se potenciará con la omnipresencia y omnipotencia que impone del presidente Kirchner.
El proyecto feudal santacruceño a partir de ahora tendrá un camino libre de obstáculos, a nadie “nunca más” se le ocurrirá hacer o pensar aquello que no agrade los oídos y bolsillos del poder kirchnerista. Porque las posibles, comprobables por cierto, consecuencias han quedado al desnudo de la forma más temeraria y repugnante.
El “ex intendente” Sergio Edgardo Acevedo tiene la obligación moral, cívica y política de informarle a la población sobre los motivos reales de su dimisión, de no hacerlo se convertirá en un funcional más del sistema de opresión y sumisión que necesariamente debe ser desterrado en las prácticas políticas y de la vida bajo el imperio de las constituciones y el estado de derecho, tanto en las provincias como en los municipios.
Si el “ex convencional” constituyente Sergio Edgardo Acevedo no dice la verdad, sus veintitrés años ininterrumpidos de actividad política en democracia lo colocarán junto a quienes se han subido a ella para la satisfacción de los deseos personales, esos que no hacen con sus actos más que minar y destruir el futuro de la vida democrática por y mediante la cual han ejercido altos cargos públicos electivos. Sin más a esa democracia, aunque solamente representativa, que pregonan defender y representar la estaría traicionando.
Una verdadera explicación de los motivos por parte del “ex legislador” Sergio Edgardo Acevedo lo exige el sano criterio cívico, porque el silencio y el no afrontar las consecuencias de decir la verdad no hacen más que posibilitar y facilitar los proyectos, que cómo el de Kirchner, desnaturalizan a la republicana, representativa y federal Nación misma.
El silencio del “ex gobernador” Sergio Edgardo Acevedo contribuirá a convertirnos en “presidiarios cívicos” en una Argentina que desde 1983 no puede sacarse de encima a todos estos repugnantes “pastores políticos”, como repugnantes son sus prácticas políticas que han logrado un estado de apatía y desidia ciudadana tal que permitió que la representación sea decidida, mantenida, reelegida y terminada según proyectos personales de unos pocos.
A pesar de todo, y de todos, confío que el abogado Doctor Sergio Edgardo Acevedo, a quién reitero respeto más allá de mis diferencias ideológicas y políticas, más temprano que tarde haga ese aporte necesario e indispensable para la vida democrática en libertad y con justicia, porque de lo contrario no tendrá autoridad ética, moral ni profesional para impartir enseñanza en la instrucción cívica a nuestros jóvenes santacruceños en los colegios, y más aún después de haber perdido su autoridad política lograda justamente en uso de las prerrogativas que debería suponer el voto popular.
El juicio político es necesario
2 de marzo del 2006
La hipocresía de la política vernácula ha llegado a límites inimaginables en todo el tema que ha rodeado a la tragedia producida en el local de República Cromagnon, que tuvo el lamentable costo de 194 víctimas, hace ya 14 meses.
Absolutamente a nadie se le ocurre pensar que la magnitud del hecho no se podría haber evitado si se hubiesen realizado las tareas de control y prevención sobre las condiciones de funcionamiento de ese sitio, si las inspecciones y habilitaciones hubiesen estado en regla, si los organismos de contralor hubiesen trabajado en sus funciones específicas, si la Policía Federal -y sus organismos dependientes- hubiesen realizado aquello que les ordenan las reglamentaciones y leyes y si los funcionarios de todo nivel del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hubiesen cumplido con sus responsabilidades y obligaciones.
Ahora el máximo y suspendido gobernante de la ciudad, Aníbal Ibarra, pretende hacernos creer que todo es meramente una cuestión de persecución política al estilo maccarthista o bien de una cacería política, cuando simplemente lo que se está llevando a cabo es un Juicio Político dentro de los lineamientos que dispone la constitución de la Ciudad. Por supuesto, y así debe ser, que el mismo se hace dentro del ámbito político y son los legisladores porteños los juzgadores constituidos en una cámara per se.
Cuando Ibarra convocó a un referéndum a los 30 días de la tragedia para plebiscitar su mandato -una quimera por juntar tan sólo 520 mil firmas fracasó- era un hecho político. Cuando durante todos estos meses se alzaron las voces únicamente para cuestionar a los legisladores que entendían necesario hacer un juicio político también era un hecho político. Cuando en estos días leemos solicitadas y adhesiones de legisladores de todo el país reclamando un supuesto respeto a las instituciones -que ellos mismos violentan diariamente- es un hecho político sin dudas.
La pregunta obligada entonces es la siguiente: ¿Qué es político y no político?
Los que acceden a los cargos públicos institucionales por la voluntad democrática representativa de los ciudadanos “son políticos”, sus funciones “son políticas”, sus responsabilidades “son políticas”, sus obligaciones “son políticas”, sus prebendas y beneficios “son políticos”, sus quehaceres diarios “son políticos”; y el uso y abuso que hacen de sus cargos, como asimismo sus mentiras, “son políticos”.
Sería ingenuo y estúpido pensar que no existen quienes, de las muertes seguramente evitables, quieren sacar provecho partidario y político, porque las miserias de la política argentina así lo demuestran a cada momento. Pero eso no es motivo suficiente ni excluyente para que no se lleve adelante el juzgamiento por el mal desempeño en la función pública de los funcionarios que nos representan.
Una vez más la verdad y la justicia deben ser reivindicadas, más allá de cualquier especulación política que se le quiera dar en uno u otro sentido, y sabemos que la historia de nuestra patria hubiese sido muy diferente de haberse realizado tantos juicios políticos como comisiones de delitos en el ejercicio de las funciones y mal desempeño de ellas han realizado nuestros gobernantes, legisladores y jueces.
¿En qué anda la Argentina?
27 de febrero del 2006
La Argentina real seguía en y con sus “realidades” la semana pasada mientras la música y las luces de los ingleses Rolling Stones entretenía a muchos, se verificaba en las zonas aledañas al concierto que algunas de las miserias de la exclusión económica, social y cultural se convertían en vandalismo y que la policía realizaba justamente lo que menos sabe hacer, la prevención; reconvirtiendo la agresión en represión indiscriminada.
La “honorable” Cámara de Diputados de la Nación convertía en ley la modificación del Consejo de la Magistratura que aún, pese a las mentiras del oficialismo kirchnerista y “neo-chequera-kirchnerista” establece un retroceso institucional y la bandera de largada de una nueva colonización de la justicia vernácula.
El Gobierno Nacional anuncia, con bombos y platillos ante la atenta mirada y complacencia de los dirigentes gremiales que lo consideran “memorable”, que el salario mínimo para los docentes de todo el país será de 840 pesos por mes y que ello hará posible que “ningún docente estará por debajo de la línea de pobreza” según el presidente Néstor Carlos Kirchner. Toda una política de Estado que reniega de considerar que la buena y correcta remuneración de los trabajadores de la educación es un elemento esencial e indispensable para conseguir la excelencia de la instrucción abandonada desde hace décadas en el país.
La Confederación General del Trabajo -capitaneada por personajes impresentables como Moyano, Barrionuevo, Lingeri, Viviani, Zanola, Genta, Martínez, Palacios, Baldassini, Rodríguez y Piumato entre otros- tiene su “única” preocupación fijada en la modificación del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias. El motivo está a la vista y tiende a sacar del tema de discusión a la cuestión salarial y la imprescindible convocatoria a las paritarias, para dejar a los trabajadores sumergidos en la indefección y desesperación de no poder establecer remuneraciones y condiciones dignas de trabajo.
El conflicto generado por la instalación de las plantas de pasta de celulosa en la República Oriental del Uruguay está muy lejos de resolverse dentro del marco de la buena voluntad y amistad entre dos pueblos que están unidos, justamente unidos, por una historia común de luchas por las independencias nacionales y la solidaridad y confraternidad entre hermanos demostrada en los momentos difíciles de dictaduras y exilios. Hoy sus respectivos gobiernos se empecinan en no rendir honor a esos lazos que unen a sus pueblos, dejando que los negocios se lleven adelante a cualquier costo, aún el ecológico, o bien para dejar en manos de organismos internacionales el entendimiento debido y obligado entro nosotros. De no arribar a una solución inmediata, justa y equilibrada las consecuencias serán nefastas y así otra vez, como si no conociéramos las contradicciones de los conflictos con los pueblos hermanos, los pueblos serán arrastrados a disputas estériles e innecesarias.
En tema del juicio político al jefe de Gobierno porteño Aníbal Ibarra sigue transitando y transformándose cada día que avanza en una obra teatral que podrá terminar con cualquier resultado. Menos, claro está, el que debería resultar de una herramienta institucional tan útil como es la de juzgar mal desempeño de los funcionarios. Prebendas, aprietes, marchas, dineros y demás yerbas reemplazan el debate en la sala juzgadora que debe respetar la contradicción y la defensa según lo ordena la constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Las políticas económicas internas del Ejecutivo Nacional se entregan diariamente a ligeros e inmediatos acuerdos sobre precios con las empresas monopólicas y oligopólicas, nacionales y extranjeras, de productos y servicios básicos que para el ciudadano no se traducen en una mejora en su nivel de vida. Las políticas de obras públicas siguen el camino de los “retornos” y las “licitaciones a medida” según las necesidades de los funcionales cajeros. Ni las unas, ni las otras están siendo diseñadas para reconstruir todo lo que el neoliberalismo ha avasallado y destruido, porque en definitiva el sistema y modelo aplicados no está siendo cuestionado en su concepción, implementación y consecución.
La autonomía institucional, política, económica, financiera y fiscal de las provincias argentinas y de sus municipios está siendo vulnerada a diario por la acción del Gobierno Nacional que en forma hegemónica y autoritaria, con la asistencia de sus abultadas reservas, se inmiscuye en los asuntos internos de sus territorios. Indudablemente que cualquier acción se le está permitida dentro del juego político que tiene como horizonte el enquistamiento y la perpetuación de Kirchner, su familia, allegados y de quienes el pueblo exigió “que se vayan todos” pero que la politiquería y las listas sábanas hicieron posible “que se queden todos”, en y con el poder.
La tan mentada nueva política, la transparencia e independencia de las instituciones, la participación ciudadana en la vida democrática, la recuperación de los recursos, rentas y trabajo nacionales y demás mendaces propuestas de todo el arco político sigue ausente. Únicamente se puede advertir como se pasan de los sitiales del poder los políticos para conservar los beneficios que el sistema democrático representativo les otorga y como abandonan las ideologías y principios según las necesidades personales los gobernadores, intendentes, senadores, diputados y concejales.
La protesta social y obrera sigue siendo intimidada con las armadas fuerzas de seguridad en todo el país, los líderes perseguidos y los luchadores descalificados, amedrentados y judicializados. Los funcionarios encargados de los ministerios claves -trabajo, interior, justicia, desarrollo social, economía y planeamiento- no desarrollan ninguna actividad “activa” sino que simplemente se limitan a demorar las cuestiones de fondo, para que una vez llegado al insoportable límite de las injusticias y las barbaridades permitidas aparezca la figura presidencial, cual salvadora y comprometida con los más altos intereses de la Patria.
Los políticos que tanto se preocupan de aumentar sus poderes y dominios, los legisladores que entregan sus votos y convicciones por unos cuantos pesos para sus provincias -en el mejor de los casos- y la justicia que pareciera estar diseñada para investigar y fallar hacia lo justo en otro planeta no tienen en cuenta la imprescindible necesidad de entregar a los empleados y obreros, organizados de diferentes formas, las fábricas recuperadas, administradas y puestas en actividad por sus trabajadores. Cada día el sistema diseñado demuestra su perversidad de forma palmaria, elocuente y clara, no permitiendo la tranquilidad de un futuro asegurado para aquellos que han tomado a su cargo el mismísimo derecho al trabajo y la dignidad proletaria.
Estas son algunas de las cosas en las que anda la Argentina.
Sin más Kirchner va por el Consejo de la Magistratura
20 de febrero del 2006
El próximo miércoles la Cámara de Diputados de la Nación tratará el proyecto de modificación de la Ley del Consejo de la Magistratura de la Nación (CMN), que ya cuenta con media sanción del Senado Nacional. La propuesta fue presentada por la senadora y abogada Cristina Fernández -esposa del presidente Néstor Carlos Kirchner- y ya a nadie sorprende de que se trata de violentar el equilibrio entre la representación de los órganos políticos, jueces, abogados, científicos y académicos que ordena la Constitución Nacional en su artículo 114. Sin más otro nuevo y reiterado atropello institucional.
Es imposible, y por lo tanto muy poco creíble, que los legisladores no conozcan la forma en que ex gobernador Kirchner manejo a su gusto y antojo la justicia en la provincia patagónica de Santa Cruz desde el año 1991 hasta el 2003, y por eso intentaré recordarlo. Sin más que con un poco de memoria y verdad.
Entre el año 1991 y la actualidad cualquier denuncia contra el poder provincial y sus excesos de todo tipo que se realizó ante los tribunales santacruceños, y los que llegaron al Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz (TSJSC), tuvieron el destino obligado de su archivo, sin investigación ni condenas. Sin más la siempre presente falta de mérito, la consabida prescripción del caso y la revocación de los fallos de los tribunales inferiores.
Desde 1991 hasta el año 1995 Kirchner demoró todos y cada uno de los procesos judiciales iniciados a instancias del Procurador General o de las denuncias que encontraron eco en la justicia todavía no “adquirida” como propia en temas de corrupción, ilícitos de funcionarios en organismos y empresas públicas provinciales, reducción de sueldos y reclamos de deudas de los empleados públicos, pagos de honorarios por el juicio de regalías y otros muchos más. No se cubrían las vacantes en los juzgados lo que obligaba a los jueces a atender varios a la vez, el TSJSC funcionaba con dos miembros de los tres que establecía la Constitución Provincial (CPSC) y todo lo que era necesario desestimar y revocar lo hacían las Cámaras. Sin más se iniciaba el camino hacia el control total de la justicia provincial.
En el año 1994 se reformó la CPSC posibilitando aumentar el número de jueces supremos -como correspondía a las imitaciones y seguimientos que efectuaba Kirchner de la impronta de su “mejor presidente” Carlos Saúl Menem-, además de establecer su reelección como gobernador y luego en el año 1998 establecer que la misma sería indefinida. Por supuesto que designó a miembros de su riñón político y confianza como ministros, funcionarios, candidatos, sus esposas, convencionales y apoderados del Frente para la Victoria Santacruceña; además de abogados con comprobada actuación judicial durante la dictadura genocida. El artículo 126 de la CPSC no establece la cantidad de miembros del TSJSC sino simplemente que sea un número impar superior a tres, siendo actualmente 4 jueces y 5 conjueces y para comprobar lo sostenido basta ver el historial de los mismos y sus inexistentes carreras judiciales anteriores. Sin más muchos de aquellos altruistas convencionales hoy son altos funcionarios, legisladores y gobernador.
En el año 1995 el Procurador General de la provincia, fue separado del cargo en un artilugio posterior a la reforma constitucional, habiendo dicha arbitraria decisión merecido que la Corte Suprema de Justicia de la Nación haya ordenado la reposición en el cargo del ex Jefe de los Ministerios Públicos en cinco oportunidades, la última en abril del 2005. Obviamente que el TSJSC hizo oídos sordos, o sea, hizo todo conforme a las instrucciones recibidas del poder político institucional kirchnerista estableciendo que no había partida presupuestaria para su cargo, aunque sí para pagarle 1.200.000 de pesos como indemnización. Además estableció “que de cumplir con el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, provocaría en Santa Cruz una grave situación de trastorno en el orden público”. Sin más justificación que el orden público.
Con respecto al Consejo de la Magistratura de Santa Cruz (CMSC), cuyo funcionamiento se rige por la Ley 2.552 del año 2000, cabe mencionar que está integrado por 7 miembros en su mayoría directamente relacionados con el Poder Ejecutivo, salvo dos que son representantes de los abogados de la matrícula y de los empleados de la justicia. El artículo 128 bis de la CPSC establece que su integración deberá hacerse “preservando la pluralidad, la diversidad y el equilibrio entre sectores evitando hegemonías”. Sin más una traición del subconsciente político reformista al mencionar a la hegemonía.
Podríamos seguir escribiendo páginas enteras sobre los atropellos de la justicia santacruceña, de quienes son sus miembros, sus relaciones y compromisos con el poder político, de la forma que se han manejado cada uno de los procesos en los cuales estaban involucrados quienes se oponían al hegemonismo y autoritarismo de Kirchner en la provincia, las persecuciones ideológicas contra ciudadanos -con querellas millonarias incluidas-, las presiones sufridas por los magistrados independientes, la falta de investigación de los negociados y enriquecimientos ilícitos, la fuga de ahorros públicos al exterior, la incorrecta y parcial investigación sobre los abusos de los personeros del poder contra los ciudadanos amedrentados y golpeados, las cuestiones relacionadas con la judialización de los conflictos sociales, la falta de investigaciones correctas sobre el tráfico de drogas, entre otros temas. Sin más poca justicia y mucha complacencia y dependencia.
Lo que no podríamos escribir es sobre la actividad desarrollada por el CMSC ya que su función “única y solamente” se circunscribe en la selección vinculante de los postulantes a las magistraturas realizada, supuestamente, en concursos públicos de oposición y antecedentes que conforman la terna de la cual el ejecutivo nombra a los nuevos magistrados. Es justamente ahí donde está el problema y la advertencia de que la modificación propiciada en el orden nacional nos preocupa y a nuestros legisladores nacionales les debería alarmar. Sin más ni más.
Porque la disminución del número de miembros -de 20 a 13- es una trampa más del matrimonio presidencial que es avalado por sus secuaces políticos, porque las funciones del CMN tiene muchas más atribuciones que el CMSC que tiene 7 miembros solamente para su función de proponer jueces en un estado provincial con pocos juzgados y escasa densidad de población. El Consejo que se propone modificar tiene su ámbito de actuación sobre toda la administración de justicia nacional, las de ejercer las facultades disciplinarias sobre los magistrados, decidir la apertura del procedimiento de remoción de los magistrados, ordenar la suspensión y formular la acusación en su caso, además de la administración y ejecución del presupuesto de la justicia. Sin más los motivos de la modificación son falsos y demuestran una malicia institucional demasiado grave.
Pero claro, la mayoría de los diputados votará a libro cerrado y como producto de las presiones del kirchnerismo que están al orden del día en las prebendas políticas, fondos y obras públicas para las provincias y municipios, las amenazas solapadas y directas que le son propias al poder, la entrega de cargos ejecutivos en el Gobierno Nacional; como la obediencia tan debida como repugnante. Sin más la politiquería misma.
Como ciudadano he podido comprobar, luego de tres intentos por conseguir la opinión de los diputados nacionales sobre la modificación del CMN efectuadas los días 25 de enero, 9 y 16 de febrero pasados, que solamente 10 legisladores se tomaron la molestia de contestarme que se oponen a la modificación propuesta por el matrimonio presidencial. Sin más, menos del 4% de nuestros representantes entendieron de nuestros derechos a peticionar dispuestos constitucionalmente.
Pobre justicia. Pobre Nación. Pobres los ciudadanos de buena voluntad si los diputados insisten en el error cometido por los senadores. Aunque sabemos el cuento de la disciplina partidaria, que después vendrán los arrepentimientos y la negación de las pertenencias políticas de ayer cuando el poder sea cedido a otros, y seguramente en muchos casos los motivos “económicos” que nunca serán revelados sobre el porqué votaron cómo votaron; de eso ya lo sabemos muy bien.
Sin más Kirchner va por el Consejo de la Magistratura.
El gobierno argentino que distrae
15 de febrero del 2006
Artículo 14 bis- El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor; jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical libre y democrática reconocida por la simple inscripción en un registro especial.
Constitución de la Nación Argentina
Una vez más las decisiones del gobierno nacional argentino, en materia del flagelo que significan la miseria y el desempleo que afecta a la mitad de la población, se imponen en la ruta de las equivocaciones y los errores premeditados. Salvo, claro está, que los mismos no sean analizados dentro de las prácticas de distracción y clientelismo reinantes.
Si las autoridades ejecutivas, que ejercen la representatividad otorgada por la democracia, piensan que el futuro de la Nación y el bienestar de sus habitantes podrán ser sostenidas con “planes asistenciales” estamos frente a una nueva reiteración del esquema diseñado por el modelo neoliberal capitalista instalado desde hace décadas y maximizado hasta el hartazgo.
La cuestión de la exclusión social y laboral lejos de tener una simple solución, ya que justamente para haber llegado al actual estado de situación necesito de la corresponsabilidad de varias administraciones, entra en una etapa distractiva si lo que se pretende es conseguir la inclusión de los sectores apartados del estado de bienestar y del campo del trabajo.
Si el gobierno nacional pretendiera encontrar una solución definitiva del desempleo, la pobreza e indigencia debería diseñar políticas de recuperación de las empresas cerradas, quebradas y abandonadas que pululan a lo largo y ancho del país y que cualquiera puede observar; así como la explotación, producción y actividad comercial en los vastos espacios de tierras en manos de los latifundios improductivos y de las inmensas extensiones en manos fiscales que se encuentran totalmente libres de ocupación y de mejoras.
Los planes asistenciales -únicamente justificables en períodos de crisis- no pueden seguir formando parte de las políticas del Estado, ya que en consecuencia nos seguiremos encontrando frente a la confirmación de que es necesario que existan dos argentinas. La del hambre y la exclusión; y la que permite a determinados sectores ser beneficiarios del crecimiento económico y la bonanza de las cuentas nacionales que informan sobre aumento de la recaudación y acumulación de reservas junto al crecimiento del producto bruto nacional.
Mientras que la distribución de la riqueza sea desechada de las políticas económicas seguiremos transitando por el camino de las equivocaciones. Éstas equivocaciones que ya a nadie le caben dudas por más que aparezcan los líderes de determinados sectores del sindicalismo y del empresariado aplaudiendo las políticas que por supuesto no les interesan, más allá de la participación activa en los actos oficiales, tienen por única finalidad alargar los tiempos de las soluciones de fondo y poder llegar sin mayores inconvenientes a las próximas elecciones.
Mientras que desde los despachos del poder, alejados como siempre de la realidad y de las necesidades de la población, se vuelven a establecer políticas en temas de ayuda social por parte del Estado y entregando a los municipios el control y administración de las mismas; se mantiene la falta de participación de las organizaciones de desocupados y de las organizaciones no gubernamentales que podrían corregirlas en sus excesos de arbitrariedad y enriquecerlas.
El establecimiento de programas universales de asistencia social, donde queden ajenos a ellos los dedos de la politiquería, considerando la conformación de cada familia y sus necesidades, un seguro de desempleo que permita no caer en la desesperación de los que pierden sus fuentes de trabajo, la seria y orientada capacitación de los grandes sectores de jóvenes que nunca han ingresado al campo del trabajo y la seguridad de vida de aquellos que deben jubilarse son la única salida al problema imperante.
La recuperación de las empresas nacionales entregadas al capital especulativo extranjero y a los sectores más retrógrados del empresariado nacional, el establecimiento de políticas de obras públicas en todo el territorio que no terminen en las manos de los socios del poder para beneficio de sus “cajeros” de turno, la distribución ajustada a las leyes de la coparticipación federal y de una política equitativa de fomento regional alejado de las conveniencias y aprietes políticos que día a día aumentan a extremos alarmantes, junto a la definición estratégica para el desarrollo del superávit fiscal son algunas de las cuestiones que el gobierno nacional tiene la obligación institucional de garantizar. Los legisladores deben ser fieles custodios del cumplimiento de los presupuestos nacionales, provinciales y municipales que aprobaron; y la justicia garante tanto de su cumplimiento como de la acción correctiva frente a los excesos del poder y del funcionariato.
La construcción de las millones de viviendas que hacen falta para terminar con el problema habitacional que arroja a nuestros ciudadanos a vivir en zonas marginales o depender de alquileres imposibles de pagar o dependientes de la dádiva política, la realización de las obras públicas de infraestructura y extensión de los servicios públicos elementales e inexistentes en muchas comunidades del territorio, la asistencia crediticia y de fomento -en costos y plazos- para aquellos pequeños y medianos emprendimientos productivos y comerciales que son hoy por hoy inalcanzables son algunas de la políticas activas que el Estado tiene la obligación de llevar adelante.
Claro está que los políticos saben muy bien que sus resultados son verificables a mediano y largo plazo, que eso no les sirve para alzarse con el botín que las reglas democráticas otorgan cada dos o cuatro años para mantenerse y perpetuarse en sus sitiales.
Lo que no pueden ni deben hacer los administradores de la cosa pública es eximirse de la responsabilidad institucional que les cabe, y menos aún realizar estrategias políticas que distraen, alejan, apartan y desvían la atención del tema central que es: la vida, el progreso y bienestar de todos los ciudadanos sin exclusiones de ningún tipo ni naturaleza.
Artículo 14 bis- El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor; jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical libre y democrática reconocida por la simple inscripción en un registro especial.
Constitución de la Nación Argentina
Una vez más las decisiones del gobierno nacional argentino, en materia del flagelo que significan la miseria y el desempleo que afecta a la mitad de la población, se imponen en la ruta de las equivocaciones y los errores premeditados. Salvo, claro está, que los mismos no sean analizados dentro de las prácticas de distracción y clientelismo reinantes.
Si las autoridades ejecutivas, que ejercen la representatividad otorgada por la democracia, piensan que el futuro de la Nación y el bienestar de sus habitantes podrán ser sostenidas con “planes asistenciales” estamos frente a una nueva reiteración del esquema diseñado por el modelo neoliberal capitalista instalado desde hace décadas y maximizado hasta el hartazgo.
La cuestión de la exclusión social y laboral lejos de tener una simple solución, ya que justamente para haber llegado al actual estado de situación necesito de la corresponsabilidad de varias administraciones, entra en una etapa distractiva si lo que se pretende es conseguir la inclusión de los sectores apartados del estado de bienestar y del campo del trabajo.
Si el gobierno nacional pretendiera encontrar una solución definitiva del desempleo, la pobreza e indigencia debería diseñar políticas de recuperación de las empresas cerradas, quebradas y abandonadas que pululan a lo largo y ancho del país y que cualquiera puede observar; así como la explotación, producción y actividad comercial en los vastos espacios de tierras en manos de los latifundios improductivos y de las inmensas extensiones en manos fiscales que se encuentran totalmente libres de ocupación y de mejoras.
Los planes asistenciales -únicamente justificables en períodos de crisis- no pueden seguir formando parte de las políticas del Estado, ya que en consecuencia nos seguiremos encontrando frente a la confirmación de que es necesario que existan dos argentinas. La del hambre y la exclusión; y la que permite a determinados sectores ser beneficiarios del crecimiento económico y la bonanza de las cuentas nacionales que informan sobre aumento de la recaudación y acumulación de reservas junto al crecimiento del producto bruto nacional.
Mientras que la distribución de la riqueza sea desechada de las políticas económicas seguiremos transitando por el camino de las equivocaciones. Éstas equivocaciones que ya a nadie le caben dudas por más que aparezcan los líderes de determinados sectores del sindicalismo y del empresariado aplaudiendo las políticas que por supuesto no les interesan, más allá de la participación activa en los actos oficiales, tienen por única finalidad alargar los tiempos de las soluciones de fondo y poder llegar sin mayores inconvenientes a las próximas elecciones.
Mientras que desde los despachos del poder, alejados como siempre de la realidad y de las necesidades de la población, se vuelven a establecer políticas en temas de ayuda social por parte del Estado y entregando a los municipios el control y administración de las mismas; se mantiene la falta de participación de las organizaciones de desocupados y de las organizaciones no gubernamentales que podrían corregirlas en sus excesos de arbitrariedad y enriquecerlas.
El establecimiento de programas universales de asistencia social, donde queden ajenos a ellos los dedos de la politiquería, considerando la conformación de cada familia y sus necesidades, un seguro de desempleo que permita no caer en la desesperación de los que pierden sus fuentes de trabajo, la seria y orientada capacitación de los grandes sectores de jóvenes que nunca han ingresado al campo del trabajo y la seguridad de vida de aquellos que deben jubilarse son la única salida al problema imperante.
La recuperación de las empresas nacionales entregadas al capital especulativo extranjero y a los sectores más retrógrados del empresariado nacional, el establecimiento de políticas de obras públicas en todo el territorio que no terminen en las manos de los socios del poder para beneficio de sus “cajeros” de turno, la distribución ajustada a las leyes de la coparticipación federal y de una política equitativa de fomento regional alejado de las conveniencias y aprietes políticos que día a día aumentan a extremos alarmantes, junto a la definición estratégica para el desarrollo del superávit fiscal son algunas de las cuestiones que el gobierno nacional tiene la obligación institucional de garantizar. Los legisladores deben ser fieles custodios del cumplimiento de los presupuestos nacionales, provinciales y municipales que aprobaron; y la justicia garante tanto de su cumplimiento como de la acción correctiva frente a los excesos del poder y del funcionariato.
La construcción de las millones de viviendas que hacen falta para terminar con el problema habitacional que arroja a nuestros ciudadanos a vivir en zonas marginales o depender de alquileres imposibles de pagar o dependientes de la dádiva política, la realización de las obras públicas de infraestructura y extensión de los servicios públicos elementales e inexistentes en muchas comunidades del territorio, la asistencia crediticia y de fomento -en costos y plazos- para aquellos pequeños y medianos emprendimientos productivos y comerciales que son hoy por hoy inalcanzables son algunas de la políticas activas que el Estado tiene la obligación de llevar adelante.
Claro está que los políticos saben muy bien que sus resultados son verificables a mediano y largo plazo, que eso no les sirve para alzarse con el botín que las reglas democráticas otorgan cada dos o cuatro años para mantenerse y perpetuarse en sus sitiales.
Lo que no pueden ni deben hacer los administradores de la cosa pública es eximirse de la responsabilidad institucional que les cabe, y menos aún realizar estrategias políticas que distraen, alejan, apartan y desvían la atención del tema central que es: la vida, el progreso y bienestar de todos los ciudadanos sin exclusiones de ningún tipo ni naturaleza.
La historia se repite otra vez en Santa Cruz
12 de febrero del 2006
“..que la historia se repite otra vez… “
Esta parte de un canto popular utilizado en las competencias escolares y en los estadios de fútbol se ajusta a los acontecimientos y realidades políticas, económicas, laborales y sociales que se están verificando en las tierras del sur argentino, más precisamente la provincia de Santa Cruz.
En 1916 cuando se aplica por primera vez la ley del voto universal, secreto y obligatorio llega a la presidencia de la Nación con un 45% de adhesión popular el radical Hipólito Yrigoyen, la Argentina salía así de una etapa triste y reaccionaria de su historia que fue el paso y liderazgo de Julio Argentino Roca en el poder, con el diseño de la distribución de las tierras y territorios junto al exterminio de los pueblos originarios.
Los comienzos del siglo XX no fueron fáciles para los trabajadores que fueron objeto de represiones sangrientas y que provocaron miles de muertos en los Talleres Metalúrgicos Vasena del barrio porteño de Parque Patricios en la semana trágica de enero de 1919, en el territorio nacional de la Gobernación de Santa Cruz entre 1920 y 1921 con la represión a los peones de campo; y en La Forestal en 1921 en la provincia de Santa Fe contra los trabajadores del quebracho.
Las luchas obreras de entonces se centraban principalmente en conseguir mejoras en las condiciones de trabajo, la jornada de trabajo a ocho horas, vivienda y vestimenta, las negativas a las constantes reducciones salariales y los despidos arbitrarios por parte de las empresas. Todo aquello en el marco de la represión del Estado con la Ley 4.144 de Residencia del año 1902 que establecía la expulsión o impedir el ingreso al país a todo extranjero que “perturbe el orden público”.
En el caso del sur argentino, que nos ocupa, la propiedad de la tierra estaba, y lo sigue estando, en manos de la oligarquía nacional y de los poderosos establecimientos ganaderos propiedad de extranjeros que veían peligrar sus rentables negocios de explotación humana, tanto sea por la situación mundial reinante como por los reclamos de los obreros del campo y demás trabajadores sureños.
Como respuesta a las luchas obreras el gobierno nacional radical que conocía perfectamente la situación y que no pudo, ni quiso, llevar adelante las investigaciones por fraudes al Estado y la correspondiente reforma en la tenencia indebidas de tierras apeló a lo que siempre utiliza el poder cuando se trata de frenar los pedidos de reivindicación y justicia: la represión y la muerte. O sea, las armas.
A 86 años de aquellos hechos podemos advertir que la realidad es la misma, más allá que hayan cambiado el carácter de las explotaciones económicas y productivas. Ayer lana, hoy petróleo y recursos naturales. Ayer grandes estancias, hoy empresas transnacionales llegadas de la mano privatizadora y entreguista neoliberal. Ayer peones de campo, hoy trabajadores petroleros y mineros. Ayer miseria e indigna explotación, hoy hambre, indigencia, desempleo y exclusión social.
Nada es casualidad en la historia argentina, pues todo tiene una razón de ser y un porque, podemos encontrar idénticas formas de hacer que la distribución del ingreso, los recursos y la renta sean para el bienestar de una ínfima parte de la población que no se detiene. Basta comprobarlo en las últimos datos estadísticos oficiales que nos informan sobre como se acrecienta el poder económico y bienestar de las minorías en detrimento de las mayorías.
Qué diferencia podemos encontrar entre aquellos policías, marinos y gendarmes enviados por el presidente Yrigoyen que defendieron los intereses oligárquicos y extranjeros con los que hoy, a centenares, son enviados por presidente Néstor Kirchner para defender los negocios de las empresas petroleras.
Que diferencia existe entre el gobernador Edelmiro Correa Falcón tan preocupado por asegurar los negocios y negociados de los asociados a la Sociedad Rural y la Liga Patriótica Argentina y terminar con el movimiento obrero en lucha con el gobernador Sergio Acevedo con su despreocupación total por su provincia y sus habitantes cuyo actuar es lo más parecido a una marioneta política del feudalismo imperante.
Qué diferencia podemos encontrar entre el Frigorífico Swift Internacional, The Monte Dinero y San Julián Sheep Farming Company, Banco de Tarapacá, Menéndez Behety, Braun y Noya con los actuales Repsol-YPF, Pan American Energy, Vintage Oil, Banco de San Juan, Bulgheroni, Pérez Companc y Tasselli.
Que diferencia existe en aquellos pedidos de “terminar con los elementos agitadores y extraños al elemento obrero” y los que hoy hacen las petroleras para que se envíen “más gendarmes para apostarlos en el interior de los pozos petroleros, en los caminos que llevan a las baterías de almacenamiento y en los balancines de extracción” para evitar los sabotajes.
Como ayer lo sostenía la Sociedad Obrera de Río Gallegos hoy debemos reiterarlo porque tiene vigencia que: “Opongámosle a la fuerza de sus armas la fuerza de nuestros razonamientos, la limpieza de nuestros procederes, la honradez de nuestras acciones, y el triunfo será nuestro”.
Para que la historia no se repita otra vez.
“..que la historia se repite otra vez… “
Esta parte de un canto popular utilizado en las competencias escolares y en los estadios de fútbol se ajusta a los acontecimientos y realidades políticas, económicas, laborales y sociales que se están verificando en las tierras del sur argentino, más precisamente la provincia de Santa Cruz.
En 1916 cuando se aplica por primera vez la ley del voto universal, secreto y obligatorio llega a la presidencia de la Nación con un 45% de adhesión popular el radical Hipólito Yrigoyen, la Argentina salía así de una etapa triste y reaccionaria de su historia que fue el paso y liderazgo de Julio Argentino Roca en el poder, con el diseño de la distribución de las tierras y territorios junto al exterminio de los pueblos originarios.
Los comienzos del siglo XX no fueron fáciles para los trabajadores que fueron objeto de represiones sangrientas y que provocaron miles de muertos en los Talleres Metalúrgicos Vasena del barrio porteño de Parque Patricios en la semana trágica de enero de 1919, en el territorio nacional de la Gobernación de Santa Cruz entre 1920 y 1921 con la represión a los peones de campo; y en La Forestal en 1921 en la provincia de Santa Fe contra los trabajadores del quebracho.
Las luchas obreras de entonces se centraban principalmente en conseguir mejoras en las condiciones de trabajo, la jornada de trabajo a ocho horas, vivienda y vestimenta, las negativas a las constantes reducciones salariales y los despidos arbitrarios por parte de las empresas. Todo aquello en el marco de la represión del Estado con la Ley 4.144 de Residencia del año 1902 que establecía la expulsión o impedir el ingreso al país a todo extranjero que “perturbe el orden público”.
En el caso del sur argentino, que nos ocupa, la propiedad de la tierra estaba, y lo sigue estando, en manos de la oligarquía nacional y de los poderosos establecimientos ganaderos propiedad de extranjeros que veían peligrar sus rentables negocios de explotación humana, tanto sea por la situación mundial reinante como por los reclamos de los obreros del campo y demás trabajadores sureños.
Como respuesta a las luchas obreras el gobierno nacional radical que conocía perfectamente la situación y que no pudo, ni quiso, llevar adelante las investigaciones por fraudes al Estado y la correspondiente reforma en la tenencia indebidas de tierras apeló a lo que siempre utiliza el poder cuando se trata de frenar los pedidos de reivindicación y justicia: la represión y la muerte. O sea, las armas.
A 86 años de aquellos hechos podemos advertir que la realidad es la misma, más allá que hayan cambiado el carácter de las explotaciones económicas y productivas. Ayer lana, hoy petróleo y recursos naturales. Ayer grandes estancias, hoy empresas transnacionales llegadas de la mano privatizadora y entreguista neoliberal. Ayer peones de campo, hoy trabajadores petroleros y mineros. Ayer miseria e indigna explotación, hoy hambre, indigencia, desempleo y exclusión social.
Nada es casualidad en la historia argentina, pues todo tiene una razón de ser y un porque, podemos encontrar idénticas formas de hacer que la distribución del ingreso, los recursos y la renta sean para el bienestar de una ínfima parte de la población que no se detiene. Basta comprobarlo en las últimos datos estadísticos oficiales que nos informan sobre como se acrecienta el poder económico y bienestar de las minorías en detrimento de las mayorías.
Qué diferencia podemos encontrar entre aquellos policías, marinos y gendarmes enviados por el presidente Yrigoyen que defendieron los intereses oligárquicos y extranjeros con los que hoy, a centenares, son enviados por presidente Néstor Kirchner para defender los negocios de las empresas petroleras.
Que diferencia existe entre el gobernador Edelmiro Correa Falcón tan preocupado por asegurar los negocios y negociados de los asociados a la Sociedad Rural y la Liga Patriótica Argentina y terminar con el movimiento obrero en lucha con el gobernador Sergio Acevedo con su despreocupación total por su provincia y sus habitantes cuyo actuar es lo más parecido a una marioneta política del feudalismo imperante.
Qué diferencia podemos encontrar entre el Frigorífico Swift Internacional, The Monte Dinero y San Julián Sheep Farming Company, Banco de Tarapacá, Menéndez Behety, Braun y Noya con los actuales Repsol-YPF, Pan American Energy, Vintage Oil, Banco de San Juan, Bulgheroni, Pérez Companc y Tasselli.
Que diferencia existe en aquellos pedidos de “terminar con los elementos agitadores y extraños al elemento obrero” y los que hoy hacen las petroleras para que se envíen “más gendarmes para apostarlos en el interior de los pozos petroleros, en los caminos que llevan a las baterías de almacenamiento y en los balancines de extracción” para evitar los sabotajes.
Como ayer lo sostenía la Sociedad Obrera de Río Gallegos hoy debemos reiterarlo porque tiene vigencia que: “Opongámosle a la fuerza de sus armas la fuerza de nuestros razonamientos, la limpieza de nuestros procederes, la honradez de nuestras acciones, y el triunfo será nuestro”.
Para que la historia no se repita otra vez.
Las mentiras y dignidades de la cuestión santacruceña
8 de febrero del 2006
Queda prohibida toda forma de explotación de las personas que atente contra la dignidad humana.
Artículo 10 de la Constitución de la provincia de Santa Cruz
Lamentablemente una vez más la muerte y las decenas de heridos es el corolario de la incapacidad de los gobiernos provinciales y nacionales -elegidos muy democrática y representativamente- en conseguir el bienestar general, afianzar la justicia y asegurar la paz, menos aún la de bregar por la unión nacional.
La austral provincia de la República Argentina con sus 200.000 habitantes posee inmensurables recursos petroleros, gasíferos, mineros y pesqueros, tierras aptas para el desarrollo de la determinado tipo de ganadería y productos agrícolas; y todas sus industrias derivadas que deberían estar instaladas al servicio de la producción provincial. Debemos, entonces, condenar el accionar de los diferentes gobiernos provinciales y nacionales y no podemos menos que solidarizarnos con la luchas de sus trabajadores, sea cual fuere su actividad.
En aquellas tierras fue aplicado el mismísimo modelo de exclusión social y vaciamiento de las empresas públicas que arrasó a la Nación toda, y las consecuencias están cada vez más a la vista de todos. Claro, menos para los políticos que se debaten por conseguir el poder y una vez logrado no abandonarlo a cualquier costo y por cualquier forma. Hoy se presentan como diferentes los que fueron y son iguales a aquellos.
Las falsas promesas institucionales de cualquier orden, la inexistencia de un proyecto superador de la realidad provincial que condena a sus habitantes y que tiene una estructura de empleo que hace que las mayorías sean dependientes de la actividad pública siempre tan prebendaria como extorsionadora, el ingreso provincial puesto al servicio de la especulación financiera y de la obra pública entregada únicamente a los socios del poder, con una justicia diseñada a medida del poder y para seguridad de él, el manejo de la información y la persecución periodística, etc. son algunos de los motivos que van generando cada vez más descontento social.
Como suele ocurrir siempre, la única respuesta de las instituciones es la persecución judicial junto a la intimidación y represión de las fuerzas policiales y de seguridad. Porque desde los despachos del poder parten cada una de los órdenes y políticas que necesariamente terminan en el sojuzgamiento y explotación de los trabajadores y del pueblo en general.
Para el poder, provincial y nacional, los conflictos sociales y laborales pueden mantenerse sin resolverse todo el tiempo que ellos estimen necesario. Solamente cuando el cansancio y la espera de las víctimas del modelo terminan por ser incontrolables aparecen con sus improntas autoritarias y represivas. Antes no hacen nada, solo el juego político de su propio poder los mantiene ocupados.
Los habitantes de Santa Cruz, fundamentalmente por la calidad humana y temple, deberían estar disfrutando del bienestar que sus riquezas les permitirían vivir con dignidad y con proyectos de vida que superen a las diferentes generaciones, pero ahí están los políticos para hacer justamente lo contrario de lo que establece la inteligencia y las acciones de bien y de humanidad de los derechos.
Esta no es la primera vez que los trabajadores santacruceños deben salir a luchar y pelear por sus derechos y dignidades, la historia comienza en los principios del siglo pasado con los peones del campo que fueron reprimidos y asesinados, siguiendo con las luchas de docentes, obreros de la construcción, mineros del carbón, municipales, pesqueros y petroleros.
Y es por eso que desde el poder quieren instalar la idea de los infiltrados en las luchas obreras, pretenden desviar la atención solamente hacia un episodio de intolerancia y que no se ventile una realidad que palpable. Ayer eran los inmigrantes extranjeros ahora son los inmigrantes internos y los activistas políticos los que, para el poder, llegan a las tierras santacruceñas para violentar la tranquilidad y los proyectos burgueses, oligárquicos y de las transnacionales. Todas mentiras, porque existe una sola verdad que cualquiera puede ver convertida en realidad y que es la injusticia en la distribución del ingreso y las riquezas, la pauperización del empleo privado y público, el desempleo encubierto como la falta de políticas económicas y productivas activas y sustentables.
Mientras que no se cambien las políticas económicas y sociales en Santa Cruz, hasta que la justicia deje de ser dependiente del poder de turno, hasta que las riquezas y los negocios no estén manejados por los corruptos y socios de las administraciones políticas sino al servicio de la comunidad nada podrá cambiar.
Ellos, los políticos, buscarán y señalarán con su dedo acusador a cualquiera que luche, con tal que no se ponga en tela de juicio sus improntas y criterios vacíos, como perversos, de gobernabilidad e institucionalidad. Obviamente que son muy rápidos para constituir un comité de crisis y enviar fuerzas armadas federales para intimidar a los pobladores y trabajadores en lucha, pero muy lentos para solucionar los problemas que aquejan a los habitantes y cierran los caminos al desarrollo de sus jóvenes.
Los santacruceños demostraron, ayer y hoy, que son muchas las cosas que hay que cambiar y por las cuales jamás se deberán bajar los brazos ni entregar ninguna de las conquistas conseguidas. Más triste y terrible será el futuro de Santa cruz y de la Nación si compramos la idea que el problema son los cortes de rutas y la lucha social.
Que así sea siempre, a pesar de sus gobernadores, intendentes, diputados y concejales, como también de su actual presidente.
Tasselli, un modelo y sus cómplices
1 de febrero del 2006
Sola y únicamente sí el presidente de la Nación como su selecto grupo de ministros y secretarios de Estado -provenientes ellos de la provincia de Santa Cruz- hubieran perdido la memoria podría justificarse que no advirtieran que el empresario Sergio Tasselli, actualmente propietario de la empresa láctea Gándara ex Parmalat desde diciembre del año 2004, es el mismísimo personaje nefasto que realizó el vaciamiento de la ex Yacimientos Carboníferos Fiscales (YCF) entre los años 1994 y 2002.
Al tener una memoria tan selectiva como peligrosa tampoco recuerdan estos funcionarios públicos que Tasselli es el mismo forajido económico que posee, entre otras las empresas Trenes Metropolitanos, Frigorífico Santa Elena, Materfer, Aceros Zapla, Petroquímica Bermúdez, Agrinac y distribuidoras eléctricas que han corrido suertes similares en cuanto a sus manejos corruptos e ilegales. Seguramente tampoco querrán recordar su íntima relación con el lobbysta y embajador argentino en España Carlos Bettini y con Mario Montoto.
El caso del evasor impositivo Tasselli no es uno más, entre tantos otros, donde la desidia y el “dejar robar” al Estado está presente. Pero si es un caso emblemático donde se puede comprobar que el camino de la neoliberal destrucción económica, social y laboral -iniciado por Carlos Saúl Menem- se mantuvo inalterable en los gobiernos subsiguientes de Fernando de la Rúa y de Eduardo Alberto Duhalde, mientras Néstor Carlos Kirchner era gobernador de Santa Cruz. Éste último conoce el accionar y modus operandi del sujeto depredador de empresas, Tasselli, y muchos de los actuales funcionarios nacionales lo saben perfectamente también porque jamás le llegaban las sanciones ejemplificadoras de las autoridades nacionales y provinciales económicas y laborales, como tampoco de la justicia que tanto a nivel nacional como provincial “supieron conseguir”. Pero claro, miles de trabajadores del carbón quedaban una vez más abandonados, cuando no sepultados, por la falta de mantenimiento y medidas de seguridad.
Después de varios meses de inactividad de los ministerios de trabajo -nacional y bonaerense- fue necesario que miles de ciudadanos queden detenidos en una ruta para que los “empleados públicos” hagan lo que les está ordenado hacer por las leyes. Porque volvemos a recordar que el vaciador de empresas Tasselli no es un producto de la imaginación de nadie, sino un esperpento moral que con total seguridad habrá contribuido económicamente con muchos políticos, para que llegaran a hacer justamente aquello por lo cual cobraron. O sea, permitir la corrupción, el robo, la evasión, el vaciamiento y el deterioro de las condiciones de trabajo y seguridad de los trabajadores.
Obviamente que no se le puede pedir a los “pintados ejecutivos”, ejecutores de las políticas públicas, que hagan aquello a lo que están obligados a hacer constitucional, legal y humanamente. Tampoco que sean los legisladores los que denuncien y promuevan las investigaciones que están obligados a realizar antes las muchas denuncias de corrupción política. Menos a la justicia “amiga del poder” sería imposible e infantil exigirle cualquier acción que permita el procesamiento y sanción sobre los beneficiarios del atropello de los derechos y dignidad de los trabajadores, como así también de los recursos y empresas nacionales que jamás deberían haber quedado en las manos de los que actualmente están, ya sea por concesión o venta realizadas por los Estados -nacional o provinciales-.
Para muchos ciudadanos los cortes de rutas, las tomas y recuperación de fábricas abandonadas por sus dueños, las manifestaciones de protestas y luchas por los derechos más elementales del pueblo son cuestiones que alteran el normal desenvolvimiento de las vidas y ocupaciones cotidianas. Y por cierto que lo son enhorabuena para que muchos despierten y observen una realidad abominable.
Si en Argentina, como en cualquier lugar del mundo, no existieran las luchas sociales y las luchas de los trabajadores para frenar los atropellos de los que son víctimas, podríamos verificar muy fácilmente de que el sistema capitalista, con sus diferentes modelos económicos, financieros y sociales tan globalizados como indignos, no tiene ningún tipo de límite ni moral para obtener las mejores condiciones para producir el acrecentamiento desorbitado de sus ganancias y la acumulación sin límite de riquezas y capitales, siempre a expensas de quienes con sus trabajos las posibilitan.
Debemos estar atentos a la forma en que se resuelve el conflicto al que fueron llevados los trabajadores de Gándara, a la anulación de los despidos, al reordenamiento de las condiciones de trabajo y seguridad, al pago de los sueldos adeudados y al mantenimiento de las fuentes de trabajo. Porque sabemos que ante éste verdadero y comprobable abandono de la empresa, por parte del inescrupuloso Tasselli, la única salida y solución debería ser la entrega de las plantas productoras y distribuidoras a los trabajadores, quienes advirtieron ante la llegada de Tasselli sobre la inviabilidad de la empresa si no se efectuaban las indispensables compras de materias primas e insumos.
Debemos rechazar cualquier intento para distraer la atención por parte de los funcionarios públicos responsables de impedir los reiterados vejámenes sobre los derechos de obreros o empleados de las empresas vaciadas y llevadas a las quiebras siempre fraudulentas. Porque desde sus improntas travestidas o transversales, con pasados tan tenebrosos de arbitrariedades y corrupciones son capaces de salir hablando de la plusvalía y de los derechos de los trabajadores como si acá, en Argentina, nada hubiera pasado y nada hubieran hecho ellos. Acá pasó lo que pasó porque ellos lo hicieron posible, aunque para algunos conciudadanos el disfraz político para ésta ocasión institucional les convenga desde una mirada conformista burguesa. Sencillos fetichistas sin dudas.
Cuidado entonces.
Porque ya lo han hecho con las privatizaciones, con las políticas económicas, financieras y laborales, con el manejo de la justicia, con la libertad de información e investigación periodística, con el hegemonismo y autoritarismo, con la deuda con el FMI, con las obras públicas a medida y con cada una de las cosas que han tocado. Son los mismos personajes que en materia de Derechos Humanos antes se callaron cobarde y oportunistamente, y que su inacción y silencios han sido tan insolentes como lo es el actual arrebato de preocupación mezquina y ventajera de estos últimos tiempos.
Porque ya nadie puede dudar que habiendo tenido ayer las posibilidades de hacer algo no lo hicieron. Porque tampoco existen dudas que sus únicas preocupaciones pasaban y siguen pasando únicamente por detentar más y más poder.
Tasselli no está solo, tiene socios. Cuidado.
Abrazo de oso
26 de enero del 2006
Hay decisiones en la vida que son muy difíciles de cuestionar porque provienen de personas que tienen una autoridad moral, política y ética que les permite tomarlas sin andar pidiendo permiso y menos aún ponerlas bajo análisis de cualquier tipo.
Ayer la Asociación de Madres de Plaza de Mayo ha decidido realizar la última Marcha de la Resistencia, después de 25 años de haberlas llevado adelante ininterrumpidamente. Es una decisión de un contenido histórico similar al que adoptaron en oportunidad de comenzarlas. Ni más, ni menos. Afortundamente esa decisión no alcanza a las rondas que desde hace 1.500 jueves se vienen realizando en la Plaza de Mayo.
Seguramente que la decisión no pudo haber sido tomada por presiones provenientes del poder político -que a mi entender está demasiado alejado de tener “autoridad histórica y comprobable” para hacerlo- aunque comprendo y acepto el cansancio de los años, las condiciones de salud y las expectativas de mis queridas Madres.
Como ciudadano que jamás ha dejado de acompañar cada una de las luchas de los Organismos de Derechos Humanos, con ese compromiso militante de haber participado, colaborado y apoyado de diferentes formas las luchas por la verdad y la justicia, la aparición con vida y el juicio y castigo a todos los responsables y ejecutores de las violaciones a la vida que fue el genocidio de Estado, no puedo menos que no adherirme a las justificaciones emitidas por la Asociación y haber decidido no participar de ésta nueva gesta.
No creo absolutamente nada de estos advenedizos que desde el poder se acordaron muy tarde de nuestros desaparecidos y de las luchas del pueblo por la dignidad, la justicia y la memoria. Porque hay que analizar las historias y compromisos de ayer para confiar en las decisiones que ahora se van tomando. Por cierto muy importantes y reivindicativas. Solamente puedo aceptar considerar como “amigo” al Dr. Eduardo Luis Duhalde entre todos y cada uno de los funcionarios del Gobierno Nacional, por su pasado, su presente y seguramente futuro de compromiso y lucha.
Considero que el país y la Latinoamérica por la que se comprometieron, lucharon, y murieron decenas de miles de compañeros, a lo ancho y largo del continente, todavía esta muy lejos de serlo hoy.
No podrán detenerse nuestras “resistencias” mientras existan desigualdades humanas y de clase, las persecuciones ideológicas, las intimidaciones y represiones sobre los trabajadores, las mentiras y la corrupción del poder, las presiones económicas sobre los movimientos sociales y de desocupados; junto a las inhumanas barbaridades del hambre, la falta de educación, salud y trabajo, la inseguridad de nuestros mayores, las inexistentes posibilidades de desarrollo de nuestros hijos, la injusticia de la justicia dependiente del poder político y muchas de las libertades del hombre sigan siendo vilipendiadas.
Ojalá que no nos confundamos una vez más, porque los cantos de sirena terminarán en el abrazo del oso indefectiblemente. Así lo escribe la historia y afortunadamente para muchos lo recuerda nuestra memoria.
Resistir es vencer.
¡Salud pueblo boliviano!
22 de enero del 2006
Si no puedo avanzar, empújenme ustedes.
Es posible que me equivoque, pero jamás traicionaré la lucha del pueblo
Evo Morales
Hay días muy especiales en la vida de cualquier pueblo. Esos días en que la historia queda expuesta a grandes cambios y dónde las expectativas populares crecen y se multiplican con las esperanzas de cambio. Son esos días en que la palabra Revolución pasa a tener otra dimensión y otro significado.
El 22 de enero para el pueblo boliviano no será un día más en su historia, como tampoco lo será para toda nuestra América Latina. Porque no se tratará solamente del día que un socialista llegó al poder, ya que en los últimos tiempos varios son los pueblos que van renovando y afianzando la confianza en esa ideología; sino que los olvidados, vilipendiados y sometidos tendrán la posibilidad de ser los actores principales de los nuevos tiempos.
Latifundio, narcotráfico, neoliberalismo, pobreza, corrupción, desigualdades, deuda externa, dominación, analfabetismo, movimientos sociales, mártires en las luchas por la liberación, recursos naturales, soberanía, territorios, educación, pueblos indígenas, justicia social, integración latinoamericana y muchos temas más fueron debidamente denunciados y analizados por Juan Evo Morales Ayma y Álvaro García Linera al asumir los cargos presidenciales en la República de Bolivia.
Para los que quieren imponer -desde adentro y desde afuera- que los temas de nuestra América pasan solamente por la estabilidad de las democracias representativas, el advenimiento y el regreso de los populismos y autoritarismos el pueblo boliviano y los pueblos al sur del río Bravo les dicen que los temas fundamentales de nuestras luchas no quedarán agotados en ellos. Porque ahora son los tiempos de volver a retomar y combatir las causas que provocaron las desigualdades y la dependencia.
Son tiempos históricos los que están haciendo y viviendo los pueblos del centro y sur del continente americano, tiempos inéditos en las formas y contundencia de las resistencias y las luchas populares, tiempos de cambio profundos que necesariamente deberán terminar con todas las políticas y prácticas de la dependencia, tiempos en los que los pueblos deberán ser los que construyan un futuro mejor más solidario, justo, libre y fraternal para todos.
Quedará en nosotros recordar, para no olvidar jamás, las causas que nos llevaron al actual estado de situación de exclusión social para las mayorías, de la más injusta distribución de las riquezas y de los ingresos nacionales, de la pérdida de nuestras culturas originarias y de cada una de las políticas llevadas adelante por gobiernos que únicamente se han encargado de entregar nuestros patrimonios y quebrar cada una de nuestras esperanzas.
Ahora debemos trabajar y luchar, unidos en la diversidad de opiniones, para que nuestras futuras generaciones encuentren la dignidad y bienestar tan ferozmente arrancadas y negadas. Por ahí andan los ejemplos.
¡Salud pueblo boliviano!
La masacre de Avellaneda: Poder, Justicia y Memoria
8 de enero del 2006
“Miro mucho más allá de lo visible”
25-06-2002 - Maximiliano Kosteki
Hace unos 1.300 días, unos 43 meses o más de 3 años y medio, en la estación ferroviaria de la localidad de Avellaneda las fuerzas policiales y de seguridad bajo las órdenes de las “fuerzas del poder político” terminaban con la vida de Maximiliano Kosteki y de Darío Santillán. Dos jóvenes veintiañeros que el 26 de junio del 2002 se manifestaban junto a miles de desocupados y piqueteros contra este modelo de exclusión y de hambre. La emboscada, la persecución y luego las víctimas ya es conocido por todos, porque siempre ha sucedido así.
De no haber sido por la justa y precisa actuación profesional del reportero gráfico Pepe Mateos sus muertes hubieran sido adjudicadas a sus propios compañeros por quienes por entonces ejercían las funciones políticas públicas: Eduardo Duhalde, Luis Genoud, Jorge Matzkin, Carlos Soria, los actuales diputados nacionales Juan José Álvarez, Alfredo Atanasof, Oscar Rodríguez y Jorge Vanossi, como el gobernador de Buenos Aires Felipe Solá, entre otros.
Mañana, cuando se pronuncie el Tribunal Oral Nº 7 de Lomas de Zamora, el ex comisario Fanchiotti y el ex cabo Acosta seguramente serán condenados a cadena perpetua por doble homicidio agravado por alevosía y siete intentos de asesinato, mientras que otros cinco ex policías -Colman, De la Fuente, Quevedo, Sierra y Vega - tendrán una pena de un máximo de 4 años de prisión en suspenso por encubrimiento agravado. Obviamente que los políticos no fueron sentados en el banquillo de los acusados y como corresponde a su estirpe tampoco fueron conminados a presentarse en el juicio.
Nada nos sorprende que no hayan sido llevados a juicio los autores intelectuales, o sea los políticos. Porque justamente de eso se trata la alianza perversa entre la justicia, la política y los uniformados. Nadie se asombra ya de lo que son capaces los genocidas y asesinos con uniforme en nuestro país, pero debemos ser claramente rotundos en las denuncias sobre las órdenes que emanan de un poder político que se sirve del pueblo para llegar al poder, y desde él reprimir y castigar en cada oportunidad que tiene a mano.
Para algunos, con el juicio, quedará cerrado un capítulo más de la triste historia de muertes, desapariciones forzadas y de represiones sobre los luchadores sociales y sobre quienes sabían muy bien que es imprescindible cambiar todo. Para otros, entre los que me incluyo, jamás podrá cancelarse la búsqueda de la verdadera justicia, ni pasar al olvido la memoria. Menos aún el perdón.
Argentina sigue siendo ese lugar en el mundo donde la intolerancia y la intimidación llevada adelante por las autoridades son corrientes y habituales al momento de intimidar, perseguir y castigar a quienes pensamos, militamos, nos movilizamos y luchamos por hacer posible un país fraterno, solidario, justo y libre. Para ello basta observar lo que sucede a diario a lo largo y ancho del territorio nacional contra los que reclaman un cambio social con trabajo y dignidad.
Con una justicia manoseada hasta los extremos más impensados es imposible avizorar un cambio en las reglas de convivencia ciudadana, porque es justamente la ciudadanía -el pueblo- quien se convierte en víctima de un modelo de injusticias y exclusiones que son diseñadas y llevadas hasta los máximos extremos por quienes tienen a su cargo nuestra representación.
Las demoras en los procesos, las chicanas judiciales, el entrometimiento político en la administración de justicia, el nombramiento de jueces y fiscales incapaces y la falta de dimensionamiento de los tribunales son cuestiones funcionales al esquema que impera a nivel nacional y, por supuesto, en todas las provincias. La injusticia de la justicia.
La masacre de Avellaneda, con el lamentable asesinato de Kosteki y Santillán, ha sido un ejemplo más, solo un ejemplo de esa convivencia perversa de poder político y justicia.
Sabemos que Darío y Maxi seguirán luchando junto a nosotros, y que en cada protesta, en toda movilización y al frente de cada lucha por cambiar las cosas su recuerdo y presencia nos acompañarán siempre.
No deberíamos olvidarnos jamás. ¡Nunca más!
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